Imagen Helicol
La Procuraduría General de la Nación ha dado un paso decisivo en una de las controversias contractuales más delicadas del año en Colombia. En una resolución que podría tener repercusiones más allá del caso puntual, el organismo de control negó la solicitud de Ecopetrol S.A. para revocar la audiencia de conciliación extrajudicial promovida por Helicópteros Nacionales de Colombia S.A.S. – Helicol, y confirmó la cita entre las partes para el próximo 4 de julio.
La determinación fue adoptada por la Procuraduría 50 Judicial II para Asuntos Administrativos, luego de evaluar el recurso de reposición interpuesto por Ecopetrol. La empresa estatal argumentaba que el trámite de conciliación debía ser anulado por una supuesta irregularidad procesal: el presunto ocultamiento de una reforma a la solicitud inicial presentada por Helicol. Sin embargo, tras revisar cuidadosamente el expediente, la Procuraduría desestimó esa afirmación. Según el fallo, nunca existió tal reforma, y la mención a ella en el auto original del 14 de mayo fue atribuida a un error de digitalización, sin efectos jurídicos. El documento fue corregido, pero se mantuvo en firme la decisión que dio curso a la conciliación.
El centro de la disputa es el Contrato de Sinergia No. CW215358, firmado en 2024 entre Helicol y el Grupo Empresarial Ecopetrol para la prestación de transporte aéreo en helicóptero, un servicio vital para las operaciones de la petrolera en zonas de difícil acceso. El contrato, de alto valor estratégico, ha quedado envuelto en una tormenta de denuncias y reclamos por parte de Helicol, que decidió activar el mecanismo de conciliación extrajudicial como paso previo a una eventual demanda contenciosa.
Helicol sostiene que durante el proceso de adjudicación del contrato se habrían configurado prácticas restrictivas de la competencia: pliegos con condiciones técnicas desproporcionadas, requisitos que limitarían la pluralidad de oferentes y -según su denuncia- un favorecimiento sistemático hacia un único proveedor. Estas acusaciones, de comprobarse, podrían poner en entredicho la transparencia de un procedimiento que, por tratarse de recursos públicos, está sujeto a un riguroso control legal y ético.
La Procuraduría, al mantener en firme la audiencia de conciliación, no se pronuncia sobre el fondo de las denuncias, pero sí reivindica la validez del camino institucional escogido por Helicol. El mecanismo de conciliación extrajudicial permite, en principio, que las partes busquen una salida dialogada al conflicto sin tener que acudir directamente a los tribunales. En ese contexto, la decisión del ente de control constituye una garantía para la parte solicitante, en tanto que preserva el derecho al debido proceso y promueve un entorno de resolución pacífica de diferencias.
Pronunciamiento de la Procuraduría
Fuentes cercanas al proceso advierten que la audiencia del 4 de julio podría convertirse en un punto de inflexión. Si las partes logran sentar las bases de un acuerdo, se evitaría un litigio que, además de costoso, podría alargar indefinidamente la controversia y afectar la operación de un contrato estratégico. Pero si el diálogo fracasa, la disputa podría escalar ante la jurisdicción contenciosa, abriendo un debate más amplio sobre la transparencia en la contratación pública en Colombia.
El caso es seguido con atención por actores del sector energético y aeronáutico, así como por observadores internacionales, dado que involucra a la mayor empresa del país -Ecopetrol- y a una de las firmas más reconocidas en operaciones aéreas especializadas. Lo que está en juego no es solo la validez de un contrato, sino la credibilidad de los procesos públicos y el papel que deben jugar las instituciones para prevenir prácticas anticompetitivas.
En un país donde las contrataciones estatales han sido históricamente fuente de escándalos y opacidad, el simple hecho de que se active una audiencia de conciliación en condiciones de imparcialidad representa un avance. La cita del 4 de julio, entonces, no será apenas un trámite jurídico: será también una prueba de la solidez del sistema institucional frente a los intereses económicos más poderosos.
carloscastaneda@prensamercosur.org
