Carlos Fajardo @CarlosFajardila «Fastidiardo»
Nunca hubo ni un simple conato de auditoría, los grandes y paquidérmicos órganos de control, incluidas la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, fueron verdaderos invitados de piedra y pasaron por alto su deber de vigilar, controlar, investigar y sancionar a los responsables de la debacle.
Hasta Agosto del año 2022 los órganos de control fueron inanes, insignificantes, negligentes, no parece que hubiera sido un descuido sino el producto de una perversa y sistemática confabulación para garantizar que los beneficiarios de la gran estafa al sistema de salud salieran indemnes y obraran con toda tranquilidad y libertad, parafraseando al profesor Tobón Sanín, todo estaba diseñado para expoliar al sistema, cambiar la naturaleza de los dineros públicos de la salud al trocarlos en infraestructura propia de las EPS y financiar las brechas entre el plan básico y los planes especiales de atención con dineros públicos. Ni hablar de los costosos staffs de las EPS.
Se les permitió minar las reservas técnicas, onerosa estafa que vino a descubrirse no propiamente por el celo de los órganos de control ni del propio gobierno, sino a raíz de iniciativas de personas como Vicente Calvo, personas que invirtiendo generosamente su tiempo libre y protegidas por el hecho de residir en otros países, fuera del alcance de pistoleros a sueldo se dedicaron a revisar las cuentas alegres de las EPS.
Y eso sin importarles ser sometidos a los ataques más virulentos, la profusión de amenazas de todo tipo, los titulares y editoriales venenosos de la prensa mercenaria, las “sesudas” opiniones de algunos de los ex ministros peor involucrados y más permisivos con los estafadores.
Muchos de esos dineros se utilizaron en la financiación de grupos violentos ilegales y así plata de la salud, “la chequera más fácil de girar”, como afirmaba el cínico exministro y actual cerebro de la devastación del sistema de salud en Bogotá, Fernando Ruiz, terminó convirtiéndose en objetivo y sustento de los violentos y financiando la guerra y el despojo, cuando su real objetivo era, por el contrario, garantizar la vida y la salud de los colombianos de todos los pelambres.
Fue hasta la llegada de Gustavo Petro Urrego a la Presidencia de la Rpública que, por primera vez desde 1993, cuando se promulgó la nefasta ley 100 que convirtió la salud de todos en boyante negocio de unos pocos, el sistemallegó a tener al frente de la @Supersalud un equipo de funcionarios que intenta, contra viento y marea, desnudar el ilícito, cuantificar los daños, salvar lo poco que dejaron y documentar las acciones para que los culpables sean perseguidos y se repongan los dineros robados y para que en el futuro tal debacle no se vuelva a presentar.
Gravísimo lo que se ha hallado, terrible lo que hace falta por revelar, nos robaron la salud en nuestras propias narices con complicidad de altos corruptos funcionarios de gobiernos pasados. Queremos ver a los responsables tras las rejas y recuperar el botín que se robaron.
¿Y qué decir de los centenares de miles que murieron para que funcionarios y particulares corruptos llenaran sus bolsillos? ¿Quién indemnizará a sus deudos? ¿Quién pagará por los daños generados por las negaciones y demoras en el acceso a servicios que los enfermos requerían? ¿Cuántas Ababuaras se esconden en la penumbra de la impunidad?
Sorprende que muchos de esos que tuvieron a su cargo el deber de proteger y blindar al sistema de salud de las manos de los codiciosos ladrones y que, por supuesto, no lo hicieron, hoy salen, como el nefasto y cínico Alejandro Gaviria a pontificar y criticar.
Entre tanto la tan anhelada reforma a la salud, como muchas de las reformas presupuestas por el Gobierno del Cambio, han sido bloqueadas, torpedeadas, deformadas, desnaturalizadas y finalmente archivadas por esa caterva de corruptos financiados por las EPS que medran en el Congreso de la República.
Hoy el gobierno busca validar las reformas acudiendo al constituyente primario, pero la consulta popular que se propone debe pasar por la aprobación de un congreso divorciado de las necesidades y anhelos de los vulnerables y financiado y alimentado con generosos recursos de los grandes cabildantes.
Está muy claro que en 2022 aunque el progresismo ganó la presidencia, la caterva de ladrones conservó el poder.
