Contralor delegado para la gestión pública e instituciones financieras, Luis Enrique Abadi
La Contraloría General de la República ha lanzado una advertencia de gran calado: la migración, en su actual magnitud y complejidad, está ejerciendo una presión fiscal, social y humanitaria sin precedentes sobre Colombia. En un informe presentado durante el foro nacional “Problemática y retos de la migración en tránsito en Colombia”, celebrado en Quibdó, el ente de control reveló profundas falencias estructurales en la respuesta estatal y en la implementación de políticas públicas contra el tráfico de migrantes, lo que pone al país ante un desafío mayúsculo que trasciende fronteras.
La radiografía institucional es inquietante: falta de coordinación entre entidades, vacíos normativos, escasa apropiación territorial, presupuestos sin asignación específica y un recurso humano desbordado. La política pública definida en 2016 para frenar el tráfico de migrantes nunca contempló el presupuesto necesario, y hoy las entidades se ven forzadas a actuar con fondos operativos insuficientes, sin herramientas de seguimiento claras y con una ejecución que ha quedado rezagada frente al ritmo de los flujos migratorios.
El impacto económico ya es palpable. Según el Modelo Costo Migrantes, elaborado por la Dirección de Análisis de Información de la DIARI, el Estado colombiano ha prestado asistencia a más de 1,1 millones de migrantes, lo que ha representado un costo estimado de 2,93 billones de pesos. El informe advierte que esta cifra crece aceleradamente y amenaza con tensionar aún más los recursos públicos, especialmente en sectores sensibles como la salud y la educación, donde la infraestructura ya empieza a mostrar signos de sobrecarga.
Pero más allá de las cifras está el rostro humano del drama. El 43% del flujo migratorio está compuesto por mujeres, niños y adolescentes, lo que impone una urgencia moral y política para responder con medidas especializadas que garanticen su protección. Estos grupos, muchas veces invisibles en las estadísticas, enfrentan peligros agravados: naufragios, trata de personas, redes de tráfico y condiciones inhumanas de tránsito que convierten el viaje en una ruleta mortal.
A este escenario se suma un nuevo factor geopolítico: las recientes medidas migratorias adoptadas por Estados Unidos —incluyendo la desactivación de vías de asilo y el incremento de redadas— han generado un fenómeno de retorno masivo de migrantes hacia el sur, muchos de los cuales están recalando nuevamente en Colombia. Entre enero y abril de 2025, más de 7.500 personas ingresaron por vía marítima desde Panamá hacia Chocó y Antioquia, transformando la dinámica migratoria de norte a sur y evidenciando una ruta de retorno tan peligrosa como la de partida.
Los datos muestran que el tránsito irregular sigue en alza. Entre 2012 y 2024, Migración Colombia detectó más de 1,3 millones de migrantes en tránsito. Solo en 2023 se registraron más de 500.000 personas en esta condición. Las rutas se concentran en regiones como Antioquia y Nariño, donde los municipios costeros se han convertido en puntos críticos para la salida o retorno de migrantes, en muchos casos sin apoyo suficiente del Estado local.
La Contraloría, en su rol de órgano de vigilancia, ha hecho un llamado claro: fortalecer la gobernanza institucional, promover una articulación real entre niveles de gobierno y avanzar hacia una cooperación internacional más sólida. La migración ya no es solo un fenómeno humanitario o fronterizo; es una cuestión de Estado que exige decisiones estratégicas, responsables y urgentes.
El mensaje de fondo es inequívoco: o Colombia toma en serio el reto migratorio como prioridad nacional e internacional, o el costo -en vidas, en recursos, en estabilidad- será incalculable.
