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Colombia vuelve a asomarse al abismo de su historia más cruel. El hallazgo de una presunta fosa común en el departamento del Cesar, donde podrían yacer líderes indígenas desaparecidos, ha revivido el dolor de un conflicto que se niega a desaparecer del todo. En medio del estupor, el presidente Gustavo Petro reaccionó con contundencia: “Esto es lo que queremos que no regrese más a Colombia”.
La fosa fue descubierta en la Hacienda Bethania, ubicada en el municipio de El Copey. En el lugar, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) halló restos humanos, agujas quirúrgicas y prendas con insignias del Gaula del Ejército. Según la magistrada Ana Caterina Heyck, los indicios apuntan a desapariciones forzadas, tortura y asesinatos de miembros del pueblo arhuaco. Ante la negativa del propietario a colaborar, la JEP dictó medidas cautelares y pidió a la Fiscalía investigar a cinco personas, entre ellas Carlos Mattos y José Mattos, cuyos nombres aparecen repetidamente en los testimonios.
Pero mientras el país trata de enfrentar los fantasmas de su pasado, otra lucha se libra a diario en el presente: la de una oposición que ha hecho del ataque permanente su bandera política, y de la mentira su estrategia. En diversos medios de comunicación y desde las bancadas tradicionales, se ha intensificado una campaña de descrédito sistemática contra el presidente Petro. El grito “¡Fuera Petro!” se ha convertido en una consigna repetida, alimentada por sectores que ven amenazados sus privilegios históricos.
Uno de los detonantes de esta ofensiva ha sido la propuesta de una consulta popular para que el pueblo colombiano decida sobre reformas de fondo. Aunque el mecanismo ha sido planteado dentro del marco constitucional -será revisado por la Corte Constitucional como corresponde en una democracia-, opositores han querido presentarlo como si fuera un intento de “golpe de Estado”.
¿Es un golpe de Estado permitir que el pueblo decida lo que le conviene? ¿O es precisamente eso lo que más temen quienes han gobernado sin consultar a nadie durante décadas? Es irónico escuchar acusaciones de autoritarismo por parte de figuras como el actual presidente del Senado, quien lleva seis periodos consecutivos en el Congreso -24 años de poder ininterrumpido- sin que pueda señalarse una sola iniciativa suya que haya beneficiado al pueblo. Mientras tanto, su nombre aparece hoy mencionado en escándalos de corrupción, incluyendo el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y existen incluso grabaciones del narcotraficante conocido como ‘el Mono Abello’, quien lo señala como presunto testaferro.
En contraste con esa política anquilosada, el gobierno de Petro ha puesto en marcha transformaciones profundas. Se ha implementado matrícula cero para estudiantes de escasos recursos, congelado la edad de pensión, reactivado el turismo, rehabilitado las vías férreas olvidadas por décadas, y se construyen escuelas y hospitales en lugares donde jamás había llegado el Estado. Se aumentaron los salarios y la calidad de vida de las Fuerzas Militares, se entregaron tierras y bienes incautados al narcotráfico a los campesinos, se reabrió la frontera con Venezuela impulsando el comercio binacional, y se golpeó con dureza el negocio del narcotráfico, incluyendo la mayor incautación de droga en la historia del país.
Gracias a una gestión macroeconómica responsable, la inflación ha bajado y el peso colombiano es hoy la moneda más fuerte de América Latina. Colombia se posiciona como el mayor exportador regional de limón Tahití, aguacate y cacao. Se avanza en una reforma agraria estructural y ya fue aprobada una reforma laboral que devolverá estabilidad y dignidad a los trabajadores.
Además, se formalizaron miles de madres comunitarias, quienes ahora tienen un ingreso estable y están a cargo de la alimentación de los niños en sus territorios. El hambre y la pobreza han disminuido, y el país ha pagado la deuda millonaria que el gobierno anterior dejó con Ecopetrol. Petro fue elegido presidente de la CELAC, liderando por primera vez en la historia un bloque de integración regional.
Sin embargo, estos avances no son titulares. Para algunos sectores, los logros del gobierno son una amenaza directa al viejo orden. Por eso, mientras el Estado busca verdad en las fosas del pasado, sectores de poder pretenden desinformar, deslegitimar y derrocar a un gobierno que llegó con el respaldo popular.
La historia juzgará. Pero hoy, en Colombia, la pregunta es urgente: ¿Quiénes tienen miedo de que el pueblo decida? ¿Y por qué les aterra tanto que haya justicia, memoria y dignidad para todos?
carloscastaneda@prensamercosur.org
