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En medio de una tormenta política que sacude los cimientos del sistema de protección del país, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, se defendió con firmeza de los señalamientos en su contra tras el atentado sufrido por el senador Miguel Uribe, figura clave de la oposición en Colombia. «Yo renuncio cuando el presidente me lo diga», sentenció Rodríguez con tono sereno pero desafiante, al ser abordado por la prensa a su llegada a la Casa de Nariño, donde participó en la Comisión de Garantías Electorales convocada por el presidente Gustavo Petro.
La polémica surgió tras el ataque ocurrido en el barrio Modelia, en Bogotá, durante un acto político del precandidato presidencial Uribe. Según explicó Rodríguez, el evento no se encontraba en la agenda oficial compartida con la UNP, lo que obligó a realizar cambios de última hora en el esquema de seguridad. “Ese día hubo situaciones lamentablemente coincidentes”, afirmó, al referirse a las condiciones logísticas que, a su juicio, limitaron la reacción del personal asignado al senador del Centro Democrático.
Rodríguez detalló que el esquema de seguridad del congresista funciona bajo un modelo mixto, con tres hombres de la UNP y cuatro de la Policía Nacional, articulados a través de un vicecomisario que coordina las operaciones. Reveló, además, que el equipo había culminado una extensa jornada a las tres de la mañana, lo que llevó a que se autorizara un ingreso tardío al día siguiente para garantizar el descanso del personal y evitar fallas operativas. Sin embargo, el mitin político en Modelia fue convocado sin previo aviso, lo que dejó a la unidad reaccionando con recursos limitados.
Los hechos han desatado una cascada de críticas y acciones legales. La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación formal contra el director de la UNP, para establecer si incurrió en omisiones al no garantizar medidas adecuadas de protección al senador Uribe. Desde el Centro Democrático, las voces son contundentes: denuncian una sistemática reducción de esquemas de protección, decisiones arbitrarias y la falta de mecanismos eficientes para apelar las medidas adoptadas por la entidad.
Como si fuera poco, la defensa legal de Uribe aseguró que en lo corrido de 2025 se han radicado al menos 23 solicitudes ante la UNP para reforzar su seguridad, todas, según ellos, ignoradas o tramitadas con lentitud inexplicable. Ante la presión mediática y política, Rodríguez insistió en que su gestión se ha ceñido rigurosamente a la ley y a los protocolos establecidos. “Mi conciencia está tranquila. Pero si el presidente considera que debo dar un paso al costado para facilitar las investigaciones, lo haré sin reparos”, recalcó.
La situación va más allá de un simple debate administrativo. Lo que está en juego es la confianza en el sistema que protege a las figuras públicas del país, en un contexto donde la polarización política, las amenazas y la violencia electoral han cobrado protagonismo. La Procuraduría tendrá ahora la responsabilidad de esclarecer si hubo negligencia o irregularidades en la atención de las solicitudes del senador Uribe, así como de otros miembros de su partido, y determinar si el aparato estatal falló donde debía garantizar seguridad.
Mientras tanto, el eco de una frase retumba en los pasillos del poder: “Yo renuncio cuando el presidente me lo diga”. Una declaración que no solo desnuda el nivel de tensión que vive el país, sino que deja claro que la crisis de fondo aún no ha mostrado su última página.
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