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En el Congreso colombiano, el costo de la democracia parece medirse con una balanza desigual. Mientras la oposición sepultó hace unas semanas la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular -argumentando un gasto injustificable de más de 700 mil millones de pesos- ahora impulsa con entusiasmo un referendo que costará exactamente lo mismo. La diferencia: esta vez, la iniciativa es suya, y podría servir de plataforma política para la contienda electoral de 2026.
La senadora María Fernanda Cabal, una de las voces más vehementes contra la consulta presidencial, no dudó en calificarla como un “despilfarro populista”, indigno en un país donde millones claman por servicios básicos. A su lado, otros opositores como Carlos Fernando Motoa y Enrique Cabrales coincidieron en tacharla de “engaño demagógico” y “canallada”. Pero esos mismos legisladores han cambiado de postura tras el archivo de la propuesta de Petro: ahora encabezan la defensa de un referendo promovido por el uribismo, con el mismo precio y aún más implicaciones estructurales.
El referendo, impulsado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, busca modificar la Constitución para transferir a los departamentos el manejo de los impuestos de renta y patrimonio, dos de las principales fuentes tributarias de la nación. La vocera del comité promotor es Paola Astrid Rivera, esposa del senador Cabrales y exsecretaria general del Centro Democrático, partido que lidera la iniciativa. El proyecto, que ya pasó su primera revisión en la Registraduría tras recoger poco más del mínimo legal de firmas válidas, ha sido elevado al Congreso para su trámite legislativo.
Entre los promotores se cuentan precandidatos presidenciales como Juan Daniel Oviedo y Juan Guillermo Zuluaga, así como figuras reconocidas del uribismo como la exsenadora María del Rosario Guerra y el exministro Wilson Ruiz. También participan activistas como Diego Santos, quien, paradójicamente, fue uno de los más críticos del costo de la consulta impulsada por Petro.
Según informó el medio colombiano La Silla Vacía, “Por las regiones, firme” -el comité impulsor del referendo- entregó 4 millones de firmas, de las cuales apenas 2 millones 184 mil fueron validadas por la Registraduría. Apenas superaron el umbral exigido por la ley. Aun así, la campaña fue acompañada de una estrategia mediática robusta, con sitio web propio, presencia pagada en redes sociales y constantes menciones del gobernador Rendón en espacios públicos. Solo en anuncios de Facebook se invirtieron 21 millones de pesos, de acuerdo con el mismo medio.
Las contradicciones son difíciles de ignorar. Apenas una semana después de haber hundido la consulta presidencial -el 14 de mayo, con 49 votos en contra frente a 47 a favor-, los senadores Motoa, Cabal y el conservador Óscar Barreto firmaron la ponencia positiva para avanzar el referendo. En ella, argumentan que los mecanismos de participación ciudadana deben ser respetados y promovidos por el Congreso, pese a reconocer que el costo será igualmente millonario.
La incoherencia ha encendido las alarmas. Los mismos legisladores que consideraban “indecente” gastar dinero público en una consulta del Ejecutivo, ahora piden aprobar un referendo que podría votarse en 2025, justo antes del arranque formal de las campañas presidenciales. Un escenario que, más allá de lo institucional, podría ser aprovechado por los impulsores del referendo para ganar visibilidad en el tarjetón del año siguiente.
El debate no solo es político, también es jurídico y fiscal. Esteban Hoyos, decano de Derecho en Eafit, advirtió en La Silla Vacía que un referendo no puede intervenir en materias como el Presupuesto General. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, fue aún más contundente: los impuestos que se pretenden transferir representan el 53% de los ingresos tributarios nacionales, unos 148 billones de pesos al año. La descentralización propuesta, dice, podría detonar una crisis fiscal inmediata.
Desde el Departamento Nacional de Planeación, Darío Indalecio Restrepo -director de la Misión de Descentralización- alertó que la propuesta no apunta a cerrar brechas, sino a concentrar aún más recursos en los departamentos con mayor capacidad económica: “Veo que no busca una autonomía para cerrar brechas, sino para que los departamentos que más producen se queden con más”, declaró al mismo medio.
Aun así, la maquinaria política sigue avanzando. La Comisión Primera del Senado ya tiene en su poder el proyecto, y varios de sus integrantes -los mismos que votaron contra la consulta de Petro- han firmado la ponencia favorable. Si el Congreso lo aprueba en sus cuatro debates reglamentarios, la Corte Constitucional deberá revisarlo. Solo entonces, el presidente Petro, irónicamente, tendría que convocarlo a las urnas.
Para que el referendo sea aprobado, más de 10 millones de colombianos -un cuarto del censo electoral- deben participar en la votación, y la mitad más uno votar a favor. Un umbral históricamente difícil de alcanzar. El precedente más reciente fue en 2017, cuando la senadora Vivian Morales promovió sin éxito un referendo para prohibir la adopción por parte de parejas del mismo sexo. A pesar de superar dos debates en el Senado, la iniciativa se hundió en la Cámara. Aquella consulta, por cierto, costaba 250 mil millones: casi un tercio de lo que hoy se pretende gastar.
La democracia participativa tiene un precio, pero su valor se devalúa cuando se usa como arma política de doble filo. Lo que ayer fue un “despilfarro”, hoy es una causa noble. Lo que ayer se tildó de “populismo”, hoy se presenta como descentralización legítima. En ese vaivén de argumentos, la política colombiana sigue girando en torno a sus propias paradojas, con el país real pagando la factura.
