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La precandidata presidencial colombiana Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida popularmente como Vicky Dávila, enfrenta su primera gran tormenta política tras la divulgación de polémicas declaraciones de uno de sus asesores económicos más visibles. Daniel Raisbeck, historiador y referente del movimiento libertario en Colombia, propuso eliminar el salario mínimo y desmontar pilares fundamentales de la legislación laboral vigente, lo que ha desatado una ola de rechazo en el Congreso, los sindicatos y amplios sectores de la ciudadanía.
Aunque Raisbeck aseguró que sus planteamientos fueron hechos “a título personal”, el hecho de integrar el equipo programático de una campaña presidencial en ascenso generó una reacción inmediata. En una serie de publicaciones desde su cuenta en la red X (antes Twitter), Raisbeck propuso acabar con las horas extra, las primas legales y las contribuciones obligatorias al sistema de seguridad social. A su juicio, estas regulaciones encarecen la contratación formal y empujan a millones hacia la informalidad. Pero su propuesta contraviene décadas de avances legislativos y jurisprudenciales en materia laboral, y no vino acompañada de evidencia técnica o estudios económicos que sustenten sus conclusiones.
El tema más sensible ha sido la propuesta de suprimir el salario mínimo legal, actualmente fijado en $1.423.500 mensuales más subsidio de transporte. Para Raisbeck, este umbral es una barrera que excluye a trabajadores no calificados y limita la flexibilidad de las empresas, en especial las pequeñas. Sin embargo, omite estudios del Banco Mundial y de la OIT que advierten que la eliminación del salario mínimo sin redes de protección paralelas puede acentuar la desigualdad y la precarización del empleo.
Las reacciones políticas no se hicieron esperar. Desde el Pacto Histórico, el representante Santiago Osorio calificó la propuesta como un intento de «reinstaurar el modelo de explotación laboral», mientras que líderes sindicales alertaron sobre el “riesgo de un retroceso de 100 años en derechos conquistados con lucha social”. Incluso voces del empresariado expresaron reservas, al advertir que cualquier reforma laboral debe ser gradual, consensuada y basada en criterios técnicos que protejan la dignidad del trabajador.
En medio de la controversia, la propia Dávila ha evitado pronunciarse directamente sobre las declaraciones de su asesor. Su silencio ha generado aún más incertidumbre respecto a la orientación ideológica de su campaña, que hasta ahora había sido presentada como una alternativa fresca e independiente frente al gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, analistas coinciden en que la estrategia de Dávila se ha centrado más en una oposición frontal al actual presidente que en la formulación de un programa sólido y coherente de gobierno.
De hecho, su discurso político ha girado en torno a consignas como “defender la libertad” o “salvar al país del socialismo”, sin que estas vayan acompañadas de propuestas viables, presupuestadas o articuladas con una visión de largo plazo. Ahora, con un asesor que promueve ideas abiertamente ultraliberales, la candidata se ve obligada a definir su identidad programática y política con mayor claridad.
La polémica creció aún más cuando Dávila presentó una nueva propuesta: entregar un bono de un millón de pesos a cada recién nacido en Colombia, en un intento por incentivar la natalidad y el ahorro familiar. La medida, inspirada en modelos norteamericanos, contempla una cuenta bloqueada hasta los 18 años y aportes deducibles de impuestos por parte de los padres. Aunque bien intencionada, la propuesta ha sido recibida con escepticismo por economistas, quienes señalan que carece de sustento fiscal claro en un contexto de creciente déficit presupuestario.
La precandidata, antes reconocida por su labor como periodista de investigación, comienza a experimentar las complejidades de una contienda presidencial donde los matices importan. Su tránsito de reportera crítica a aspirante al poder ejecutivo ha estado marcado más por la confrontación que por la construcción. Y en un país con más del 50 % de su fuerza laboral en la informalidad, cualquier intento de desregular el trabajo formal sin medidas compensatorias puede traducirse en un aumento del descontento social.
La pregunta que empieza a rondar entre analistas y ciudadanos es si Dávila representa una opción verdaderamente transformadora o si su candidatura es una prolongación mediática de su antiguo rol como opositora. El episodio Raisbeck no es menor: podría convertirse en el punto de inflexión que defina si su campaña logra convocar a un electorado amplio o queda encapsulada en un nicho ideológico dispuesto a reescribir el contrato social colombiano desde una mirada radical del mercado.
OPINIÓN – carloscastaneda@prensamercosur.org
