Imagen Contraloría General de República
La Contraloría General de la República ha lanzado una ofensiva institucional para esclarecer una serie de presuntas irregularidades contractuales y el uso de aeronaves oficiales con fines no misionales, en un episodio que podría escalar a escándalo nacional y tener repercusiones en el manejo de recursos públicos por parte del actual gobierno colombiano.
En una acción contundente, la Delegada para el Sector Defensa del ente de control fiscal solicitó explicaciones formales a tres entidades clave: la Armada Nacional, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. El foco de las investigaciones abarca contratos multimillonarios, eventuales favorecimientos y el polémico uso de un avión estatal para trasladar a personas identificadas como “influencers” y simpatizantes del Ejecutivo hacia la ciudad de Barranquilla.
Uno de los frentes abiertos involucra al Ministerio del Interior, liderado por Armando Benedetti, a quien se le requirió entregar detalles sobre contratos celebrados con el sistema de medios públicos RTVC por un valor aproximado de 88.000 millones de pesos. Según la Contraloría, estos convenios tendrían como propósito la organización de eventos institucionales, pero hasta ahora no se han conocido con claridad ni los criterios de adjudicación ni los responsables de su ejecución. El organismo solicitó soporte contractual, cronogramas, informes financieros, listado de actividades realizadas y nombres de los funcionarios a cargo.
Por otra parte, la atención mediática se ha volcado sobre la denuncia del presunto uso irregular de una aeronave oficial. De acuerdo con reportes difundidos en medios nacionales, un grupo de figuras cercanas al gobierno, identificadas como generadores de contenido e influenciadores, habrían sido transportadas en un vuelo institucional hasta Barranquilla sin que hasta ahora se haya esclarecido bajo qué justificación normativa se realizó dicho desplazamiento. La Contraloría pidió a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior que entreguen en un plazo de 48 horas la documentación que acredite la titularidad del avión, el listado de pasajeros, el costo de la operación aérea y su sustento legal o administrativo.
En paralelo, la Armada Nacional deberá responder por al menos diez contratos suscritos entre 2020 y 2025, cuyo objeto incluye servicios médicos, aseo institucional, desinfección, mantenimiento de instalaciones, sistemas de videovigilancia y productos químicos para piscinas. Algunos de estos contratos habrían sido objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. La Contraloría busca verificar si los procesos de contratación cumplieron con los principios de legalidad, transparencia y eficiencia, y si se aplicaron mecanismos adecuados de supervisión y control.
Este conjunto de actuaciones se enmarca en las labores preventivas del organismo de control para garantizar la correcta gestión de los recursos del Estado. Aunque todavía no se han determinado responsabilidades, los requerimientos evidencian una creciente preocupación por el posible uso político de bienes públicos y la necesidad de reforzar los estándares de rendición de cuentas en entidades estratégicas del aparato estatal.
La gravedad de los señalamientos y la magnitud de los recursos involucrados convierten este episodio en una prueba de fuego para las instituciones colombianas y su capacidad de fiscalización. La opinión pública y la comunidad internacional observan con atención el desarrollo de este caso, que podría impactar la percepción sobre la transparencia del actual gobierno en un momento de alta sensibilidad política y social.
carloscastaneda@prensamercosur.org
