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En un acto político que marca un hito en la historia reciente de Colombia, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha radicado nuevamente ante el Congreso de la República la convocatoria a una consulta popular de dimensiones inéditas. La propuesta, que ahora incluye 16 preguntas, representa un ambicioso ejercicio de democracia directa, que busca legitimar, desde la voluntad ciudadana, un profundo viraje en la estructura social y económica del país.
Los ministros Antonio Sanguino (Trabajo), Armando Benedetti (Interior) y Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud) entregaron oficialmente el documento ante la secretaría del Congreso, en un acto cargado de simbolismo y mensaje político. La consulta popular se perfila como una de las apuestas más audaces del Ejecutivo: no solo por su alcance temático, sino por su propósito de convocar a más de 15 millones de colombianos a las urnas para decidir sobre aspectos clave del modelo laboral, la justicia social y el sistema de salud.
“La soberanía popular no se va a doblegar ante las maniobras de los sectores de la derecha opositora al Gobierno del Cambio”, afirmó el ministro Sanguino, subrayando el carácter estructural y democrático de la iniciativa. “Como lo ha dicho el presidente: ya no serán 12 veces sí, sino 16 veces sí. Esta consulta no es un capricho político, es la voz del pueblo que se convierte en mandato”, agregó. La consulta busca consolidar una plataforma de reformas que el Congreso ha obstaculizado o dilatado. Entre las preguntas destacan propuestas para limitar la jornada laboral diurna a ocho horas, aumentar los recargos por trabajo nocturno o en días festivos, garantizar licencias por menstruaciones incapacitantes, e institucionalizar el contrato a término indefinido como norma general, entre otras medidas que impactarían directamente las condiciones de vida de millones de colombianos.
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Además, la propuesta contempla un ambicioso rediseño del sistema de salud. Se plantea que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) dejen de actuar como intermediarias financieras, para convertirse en gestoras de salud; que el Estado compre y distribuya directamente los medicamentos esenciales; y que se establezca un modelo preventivo, resolutivo y descentralizado de atención primaria. Estos cambios buscan romper con décadas de privatización, especulación en precios y fallas estructurales que han debilitado el acceso equitativo a la salud.
“El sistema de salud no puede seguir siendo una máquina de lucro. La salud es un derecho, no un negocio”, manifestó el ministro Jaramillo durante el acto de radicación, insistiendo en que la consulta popular será el camino para romper con los intereses económicos enquistados en el actual modelo.
Uno de los puntos más sensibles tiene que ver con el reconocimiento de derechos laborales a poblaciones históricamente excluidas: trabajadoras domésticas, madres comunitarias, campesinos, personas con discapacidad, aprendices del SENA, periodistas, deportistas, artistas, trabajadores del transporte, y repartidores de plataformas digitales. Para estos sectores, la consulta propone medidas concretas que van desde la formalización laboral hasta el acceso garantizado a la seguridad social.
De aprobarse, las preguntas formuladas podrían transformar de manera irreversible la estructura laboral del país. Por ejemplo, el Gobierno estima que un trabajador que devenga el salario mínimo y que labore de noche o domingos -sin los recargos justos-deja de percibir, en promedio, más de 20 millones de pesos durante dos décadas. Esta cifra, aunque invisible en el corto plazo, traduce años de pérdida acumulada para quienes viven al límite.
También se plantea un régimen especial para trabajadores del campo, acompañado de la creación de un fondo pensional rural que permitiría ofrecer un ingreso digno a más de 3,9 millones de campesinos que hoy, en su mayoría, envejecen en la informalidad y el olvido. Según cifras del DANE, apenas el 8,6% de las personas en edad de pensión en las zonas rurales del país accede actualmente a una pensión.
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La consulta no ha estado exenta de polémica. Desde sectores de la oposición y parte del empresariado, se han alzado voces que cuestionan la viabilidad fiscal de las propuestas, así como la legitimidad de un mecanismo que -sostienen-busca evadir el trámite legislativo. Sin embargo, el Gobierno defiende su legalidad y encuadre constitucional, insistiendo en que no se trata de imponer, sino de consultar: llevar a las urnas lo que en el Congreso no ha encontrado eco.
A nivel internacional, observadores democráticos y académicos han comenzado a seguir con atención el proceso. En tiempos donde la representación política es cuestionada y la participación ciudadana se erosiona en muchos países, Colombia propone un camino diferente: un diálogo directo entre Estado y sociedad, donde la ciudadanía no solo elige gobernantes, sino que también define las reglas del juego.
“La democracia no puede limitarse al voto cada cuatro años”, enfatizó Sanguino. “Estamos abriendo las puertas a una participación real, a una república deliberante donde el ciudadano no es espectador, sino protagonista del cambio”.
Aunque aún no se ha definido la fecha exacta de la jornada electoral, el Gobierno ha confirmado que activará una masiva campaña pedagógica para informar a la ciudadanía sobre el contenido de cada pregunta. La meta es clara: movilizar al país entero en una conversación colectiva sobre el futuro, donde la política no se juegue solo en los salones del poder, sino en cada plaza, vereda, barrio y esquina de Colombia.
Lo que está en juego va más allá de una lista de reformas. Se trata, como lo ha sugerido el propio Ejecutivo, de un nuevo pacto social. Una redefinición de las prioridades del Estado. Una oportunidad -quizás histórica- de que la democracia no solo escuche, sino que actúe.
carloscastaneda@prensamercosur.org
