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En un nuevo episodio de resistencia al cambio, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) ha vuelto a levantar la voz contra una reforma estructural promovida por el Gobierno colombiano. Esta vez, su presidente, Jaime Alberto Cabal, descalificó la reforma laboral en discusión en el Congreso, calificándola como un “riesgo insuperable” para el sector privado. Pero detrás de esa narrativa alarmista se asoma una constante: la negativa sistemática de Fenalco a cualquier iniciativa que busque reequilibrar las relaciones laborales y sociales en Colombia.
La reacción de Fenalco no sorprende. La agremiación representa a algunos de los empresarios más poderosos del país y ha sido históricamente una pieza clave en el ajedrez político colombiano. No es un secreto que sus posturas han coincidido con los intereses de gobiernos afines al gran capital, y que durante décadas han promovido modelos económicos que consolidan la desigualdad. Desde ese lugar, cada intento de reforma progresista —sea laboral, tributaria o social— es recibido con el mismo guion: alarmismo, cifras catastróficas y advertencias de colapso.
Cabal denunció que la reforma laboral impulsada por el Gobierno aumentaría los costos de las empresas en más de un 34% y podría poner en peligro más de 450.000 empleos formales. Pero omitió mencionar que ese cálculo se basa en proyecciones diseñadas desde una mirada profundamente conservadora del mercado laboral, sin considerar el potencial de formalización, justicia social y bienestar que busca la propuesta. Tampoco hizo alusión a los millones de trabajadores que hoy enfrentan la precariedad, sin estabilidad ni garantías mínimas.
El mensaje de Fenalco, disfrazado de preocupación técnica, busca reforzar la idea de que cualquier reforma es inviable si no pasa por el tamiz de los grandes gremios. La organización, que agrupa a sectores del comercio y los servicios, ha operado como un muro de contención contra cualquier política que afecte sus márgenes de ganancia. Lo hizo con la reforma tributaria, lo hizo con el aumento del salario mínimo, y ahora lo repite con la reforma laboral. Para los comerciantes más poderosos, el país debe seguir girando alrededor de sus intereses.
Pero la pregunta de fondo es otra: ¿quién paga el costo de esa intransigencia? ¿Los pequeños tenderos y cafeterías de barrio que Fenalco dice representar? ¿O los trabajadores que, durante años, han sido relegados a la informalidad, sin estabilidad ni protección social? En su defensa de la “sostenibilidad empresarial”, Fenalco omite que buena parte del país sigue sumido en la desigualdad y que cualquier modelo que excluya a la mayoría no puede sostenerse indefinidamente.
Más que una discusión sobre cifras, esta es una confrontación de visiones: una que defiende el statu quo económico que ha favorecido a unos pocos, y otra que intenta construir un modelo más justo y solidario. Que Fenalco se oponga no es novedad; lo que debería escandalizar es que, en pleno siglo XXI, se sigan tomando decisiones fundamentales bajo la sombra de quienes avalan presidentes a la medida de sus intereses.
El debate está abierto. Lo que está en juego no es solo una reforma, sino el tipo de país que Colombia quiere ser: uno donde se legisla para proteger los privilegios de siempre, o uno donde la dignidad laboral deje de ser un lujo reservado para unos pocos.
carloscastaneda@prensamercosur.org
