Imagen Cortesía Caracol Radio
La Fiscalía General de la Nación fue contundente: no habrá principio de oportunidad para Sandra Ortiz, exconsejera presidencial del gobierno de Iván Duque, implicada en el escándalo de corrupción que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Con esta decisión, la única alternativa judicial que le queda a Ortiz es un preacuerdo con la justicia, cuyas condiciones serían mucho más estrictas.
La fiscal del caso, María Cristina Patiño, fue enfática al explicar las razones detrás del rechazo a la solicitud de inmunidad penal. Según señaló, la información entregada por Ortiz carece de sustancia, es contradictoria y no cumple con los estándares requeridos para justificar un beneficio judicial de tal magnitud.
“Cuando analizamos las pruebas, concluimos que no es suficiente la carga suasoria de lo que ella entrega. Y considerando la gravedad de los delitos por los que está procesada —lavado de activos y tráfico de influencias—, no hay margen para otorgarle inmunidad total”, declaró Patiño en un pronunciamiento que no dejó espacio para ambigüedades.
Pero lo más revelador fue el tono firme con el que la fiscal denunció intentos de presión por parte de Ortiz: “Nos amenaza. No sentimos que podemos confiar en alguien que se comporta de forma errática, que entrega información confidencial a los medios en pleno proceso de negociación. Además, la prueba es deleznable”, sostuvo.
#Judicial| Sobre los chats que habría cruzado Sandra Ortiz con el magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, responde la @FiscaliaCol:
“Nosotros no somos la autoridad competente para investigarlo y ante la necesidad del testimonio de cualquier ciudadano… https://t.co/8NAZw425f6 pic.twitter.com/vObQrHGaHP
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 29, 2025
En un lenguaje poco habitual en las comunicaciones institucionales, la fiscal Patiño comparó la actitud de Ortiz con una especie de “entonación en DO mayor”, una metáfora con la que ilustró lo que considera un intento descarado de presionar a la Fiscalía para obtener inmunidad total a cambio de información que no cumple los requisitos legales ni éticos. “No vamos a ceder a ningún chantaje”, sentenció.
La funcionaria advirtió que el proceso no se detiene y que el llamado “macrocaso” de corrupción en la UNGRD avanza con nuevas revelaciones que saldrán a la luz en los próximos días. “Tenemos los medios para investigar y pronto el país conocerá más detalles de este entramado de corrupción”, afirmó.
Respecto a los chats que vincularían a Ortiz con Vladímir Fernández, hoy magistrado de la Corte Constitucional, la fiscal aclaró que su despacho no es competente para investigar a altos funcionarios judiciales. Sin embargo, no descartó la posibilidad de citar a declarar a cualquier ciudadano que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos. “Si se requiere su testimonio, la Fiscalía puede requerirlo”, dijo con firmeza.
La decisión marca un precedente claro: las instituciones no están dispuestas a negociar a cualquier precio. La Fiscalía parece decidida a desmontar pieza por pieza uno de los escándalos de corrupción más graves de los últimos años, sin permitir que las presiones o los discursos en tonos altos desvíen el curso de la justicia.
