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La Contraloría General de la República ha lanzado una alerta contundente sobre el manejo de los recursos públicos en la Región Caribe. Tras recibir múltiples denuncias ciudadanas, el ente de control adelantó una Actuación Especial de Fiscalización sobre 106 proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, revelando 52 hallazgos fiscales que comprometen $223.988 millones del erario. Las cifras son tan escandalosas como las historias detrás de ellas.
Los proyectos auditados tienen un valor agregado superior a un billón de pesos, y más de la mitad —el 55 %— presentó observaciones fiscales que reflejan deficiencias graves en planeación, ejecución y supervisión. El caso más llamativo se registró en el municipio de Fonseca, La Guajira, donde un proyecto destinado a construir viviendas rurales terminó convertido en un símbolo de promesas rotas. Allí se detectó un faltante de 149 casas que nunca fueron edificadas, a pesar de que ya se había ejecutado el 73 % del presupuesto. El monto del hallazgo asciende a $33 mil millones, y además se encontraron irregularidades en la selección de los beneficiarios.
Otro ejemplo de gestión cuestionable se dio en la Mojana Sucreña, donde la pavimentación de la vía El Portón – La Y de los Arrastres tenía como objetivo facilitar el transporte de productos agrícolas y conectar a comunidades aisladas, especialmente en épocas de lluvia. Sin embargo, del total de 17 kilómetros proyectados, apenas se construyeron 5, con una inversión ya ejecutada de $30 mil millones. El valor total del contrato supera los $41 mil millones, y la falta de supervisión impidió que la obra cumpliera su propósito de dinamizar la economía rural y garantizar el acceso a servicios esenciales.
En el mismo departamento de Sucre se detectó otro caso que raya en el absurdo. En el marco del programa “Sucre Escucha”, se adquirieron 27 unidades móviles destinadas a ofrecer atención psicológica y prevención del consumo de sustancias psicoactivas en los municipios. No obstante, 24 de estos vehículos fueron encontrados estacionados y abandonados en un parqueadero del hospital de Sincelejo. Aún en sus cajas originales estaban los equipos de dotación, sin rastro alguno de que hubieran sido utilizados o siquiera puestos en funcionamiento. No existen registros de atenciones ni evidencias de desplazamientos. El hallazgo asciende a $25 mil millones.
El informe también apunta a la obra de mejoramiento vial Tubará–Guaymaral–Paluato, en el departamento del Atlántico, que presenta deficiencias en su construcción, baja calidad de los materiales utilizados y fallas en la planeación. El hallazgo fiscal por este proyecto asciende a $23 mil millones. La Gobernación del Atlántico, tras conocer el informe, activó las pólizas de garantía para intentar mitigar el daño causado.
A nivel departamental, La Guajira es la zona más afectada por la ineficiencia y posibles actos de corrupción, con nueve hallazgos que suman $69 mil millones. Le siguen Sucre, con cuatro hallazgos por $56 mil millones; Bolívar, con doce por $26 mil millones; Cesar, con doce por $24 mil millones; y Atlántico, con uno por $23 mil millones.
Por sectores, el transporte lidera las pérdidas, con $76 mil millones comprometidos en proyectos inconclusos o mal ejecutados. Le sigue el sector de vivienda y territorio, con $70 mil millones; salud, con $25 mil millones; deporte y recreación, con $23 mil millones; y agricultura y desarrollo rural, con $16 mil millones.
Más allá de los fríos números, el informe de la Contraloría deja al descubierto un patrón sistemático de negligencia administrativa, ausencia de supervisión y, en varios casos, posibles actos de corrupción que deben ser judicializados. Los recursos del Sistema General de Regalías, que deberían transformar la vida de comunidades vulnerables y cerrar brechas históricas, terminan atrapados en redes de ineficiencia y mal manejo.
La investigación también generó seis beneficios de auditoría por un valor de $12.146 millones, lo que significa que, gracias al control fiscal, se logró prevenir un mayor detrimento del patrimonio público. Sin embargo, la magnitud de las pérdidas deja claro que los mecanismos actuales de control previo y seguimiento no están funcionando como deberían.
Las denuncias ciudadanas, que dieron origen a esta actuación especial, se consolidan como una herramienta vital para exigir transparencia y rendición de cuentas. Pero el informe también plantea un reto urgente: si no se fortalecen los sistemas de vigilancia, si no se sanciona de manera ejemplar a los responsables y si no se impone una cultura real de ética pública, el ciclo del despilfarro seguirá repitiéndose, mientras las regiones más pobres del país continúan esperando por la promesa incumplida del desarrollo.
carloscastaneda@prensamercosur.org
