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En un discurso cargado de convicción y sentido histórico, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, tomó la palabra durante el más reciente Consejo de Ministros para defender lo que considera una causa impostergable: la protección de los derechos laborales de los sectores históricamente excluidos. Su intervención no fue un pronunciamiento técnico más; fue una apelación directa a la ciudadanía para que participe activamente en la Consulta Popular que busca abrir un nuevo capítulo en la historia social del país.
“La Consulta Popular busca proteger los derechos de quienes históricamente han sido excluidos: trabajadoras domésticas, madres comunitarias, campesinos, jóvenes, personas con discapacidad y trabajadores informales o de plataformas digitales”, declaró el ministro, con un tono que combinó firmeza institucional y sensibilidad social.
La iniciativa surge como una respuesta al estancamiento legislativo que enfrentó la reforma laboral en el Congreso, un “bloqueo institucional” que impidió avanzar en reformas de fondo. Lejos de resignarse, el Gobierno propone ahora llevar las propuestas directamente al pueblo. La consulta no es solo un mecanismo legal: es, en palabras de Sanguino, una “garantía democrática de participación” que pone en manos de la ciudadanía decisiones clave sobre el modelo laboral del país. El corazón de esta consulta está compuesto por 12 preguntas que abordan temas sensibles, urgentes y largamente postergados. Preguntas que interpelan directamente a millones de trabajadores y trabajadoras que hoy se encuentran al margen de la protección del Estado. ¿Debe limitarse la jornada laboral diurna a un máximo de ocho horas? ¿Debe garantizarse un recargo del 100 % por trabajar en días festivos? ¿Merecen los campesinos un régimen especial que reconozca su aporte histórico y les asegure un salario digno?
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La consulta también plantea si deben formalizarse oficios tradicionalmente invisibilizados como el trabajo doméstico, el de artistas, deportistas, periodistas y madres comunitarias. O si es hora de exigir que al menos el 2 % de la planta laboral de cada empresa esté compuesta por personas con discapacidad. Cada pregunta está acompañada de una justificación que no solo apela a criterios técnicos, sino también a la justicia social.
Sanguino no esquivó los temas espinosos. Habló de la eliminación de formas de contratación que permiten violaciones sistemáticas de los derechos laborales, como la tercerización a través de contratos sindicales. Propuso, en cambio, avanzar hacia un régimen donde los contratos a término indefinido sean la norma, no la excepción.
También hay propuestas orientadas a sectores emergentes, como los trabajadores de plataformas digitales, quienes hoy enfrentan una relación laboral ambigua, sin garantías mínimas. El Gobierno plantea que puedan pactar su tipo de contrato y acceder a seguridad social, reconociendo así su papel creciente en la economía contemporánea.
No se trata de una reforma laboral impuesta desde un escritorio, sino de una decisión colectiva. Una en la que el pueblo colombiano podrá pronunciarse directamente sobre el tipo de sociedad en la que quiere vivir. La Consulta Popular se perfila como un hecho político de primer orden, que pone en juego no solo modelos de contratación, sino el alma misma del pacto social del país.
“Es el momento de saldar una deuda histórica con quienes sostienen el país desde el trabajo invisible”, concluyó el ministro. La decisión, esta vez, no quedará en manos de unos pocos. Será la ciudadanía la que, con su voto, trace el rumbo de la dignidad laboral en Colombia.
carloscastaneda@prensamercosur.org
