Germán Calderón España, Abogado Constitucionalista Colombiano
La reciente controversia que sacude al corazón de la justicia en Colombia ha puesto de nuevo bajo el microscopio la transparencia de las altas cortes del país. El magistrado Vladimir Fernández, quien fue elegido para la Corte Constitucional en octubre de 2023, ha sido señalado en una serie de revelaciones que lo vinculan con supuestos pagos ilícitos y maniobras políticas oscuras en el proceso de su elección. Estos hechos, que involucran supuestos acuerdos políticos y el uso de fondos públicos destinados a la atención de emergencias, han generado un fuerte rechazo en distintos sectores de la sociedad y han reavivado los cuestionamientos sobre la independencia de las altas cortes frente al poder Ejecutivo.
Este escándalo, sin embargo, no debe ser usado como una herramienta para condenar a priori a los involucrados. El periodismo, como pilar fundamental de la democracia, debe actuar con responsabilidad y moderación. No puede ser el vehículo que impulse, bajo su apreciación personal o en virtud de su oposición política al gobierno, la condena de los señalados sin que haya pruebas definitivas. La opinión pública no debe ser moldeada por juicios apresurados que hagan creer que todos los involucrados en este caso son culpables. La tarea del periodismo es ofrecer información precisa, equilibrada y objetiva, dejando que la justicia sea quien actúe, conforme a la ley, para determinar responsabilidades, y ese ha sido el detonante en las salas de redacción en Colombia, para algunos entendidos.
En este contexto, el abogado Germán Calderón, experto constitucionalista, ha propuesto una reforma significativa para evitar que estos escándalos se repitan. Calderón sugiere la implementación de la figura de la “silla vacía” en la Corte Constitucional, similar a la que se aplica en el Congreso cuando un congresista pierde su investidura por actos de corrupción. Con esta medida, se busca garantizar que quienes ocupen estos cargos de alta responsabilidad lo hagan mediante un proceso claro, transparente y, sobre todo, ético. Para Calderón, la implementación de la “silla vacía” tendría un doble propósito: por un lado, impedir que los involucrados en actos de corrupción sigan influyendo en el proceso de elección de sus sucesores; y, por otro, asegurar que el nuevo magistrado sea seleccionado a través de un proceso verdaderamente meritocrático, alejado de los intereses personales o políticos. La propuesta subraya la necesidad urgente de restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales del país.
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En Colombia, muchas veces los escándalos no surgen por hechos concretos, sino que son amplificados por los medios, creando una narrativa sensacionalista que distorsiona la realidad. Los casos de corrupción deben ser tratados por la justicia, no por los periodistas, quienes no deben adelantar juicios ni manchar la honra de las personas por afinidades políticas. Si el magistrado Vladimir Fernández es culpable, debe ser la justicia quien actúe con imparcialidad, no los medios. La propuesta de Germán Calderón España, de implementar la “silla vacía” en la Corte Constitucional, busca garantizar un proceso transparente y ético, donde sea la ley, y no la opinión pública, la que decida.
El escándalo de Fernández no solo afecta la percepción pública sobre la independencia de la Corte Constitucional, sino que también ha generado dudas sobre la imparcialidad de decisiones clave en las que ha tenido un papel protagónico. Un ejemplo reciente es su liderazgo en la ponencia que resultó en la suspensión provisional del proceso contra la campaña presidencial de Petro, una decisión que fue tomada en una votación muy ajustada en la Corte. La cercanía de Fernández con el mandatario y su involucramiento en decisiones estratégicas de interés directo para el Ejecutivo ha reavivado los cuestionamientos sobre la objetividad de su actuación.
En este contexto, el gobierno ha respondido con claridad y ha insistido en la necesidad de que la justicia actúe con total transparencia. Aunque Fernández se encuentra actualmente en el ojo del huracán, es fundamental recordar que la justicia debe ser quien tome las decisiones pertinentes, siempre bajo los principios de imparcialidad y legalidad. No se trata solo de un problema individual, sino de la oportunidad para fortalecer las instituciones judiciales y restaurar la credibilidad en el sistema.
Este es un momento crucial para el país, donde el camino hacia una justicia verdadera y transparente debe estar marcado por la ética, la responsabilidad y la garantía de que quienes ocupan cargos de poder lo hacen con la convicción de servir a la ciudadanía, no a intereses personales o políticos. La transparencia y la justicia son, en última instancia, las únicas respuestas que pueden restaurar la confianza en las instituciones judiciales y políticas del país.
carloscastaaneda@prensamercosur.org
