Canciller de Colombia, Laura Sarabia
“No vengo a pedir indulgencias, sino a renovar el compromiso de Colombia con la paz”. Con esta frase, cargada de historia y responsabilidad, la canciller Laura Sarabia abrió su intervención ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lo hizo no solo como diplomática, sino como una voz que encarna a una generación que se resiste a normalizar el conflicto. Que no quiere heredar a sus hijos el mismo país marcado por la violencia que recibieron de sus abuelos.
En el corazón de Manhattan, Sarabia trajo consigo no solo estadísticas ni logros gubernamentales. Llevó también las voces del Catatumbo, del Cañón del Micay, de Nariño, del Cauca. Voces que han sido silenciadas por décadas y que hoy comienzan a encontrar resonancia en un gobierno decidido a cumplir el Acuerdo de Paz firmado en 2016. No como una deuda con el pasado, sino como una promesa inquebrantable hacia el futuro.
Durante su alocución, la ministra de Relaciones Exteriores no esquivó las complejidades. Enumeró avances, pero también reconoció heridas abiertas. Habló de más de 133 mil hectáreas entregadas a campesinos, de 12 mil firmantes del acuerdo aún activos en su proceso de reincorporación, de 2.4 billones de dólares aprobados para los municipios más afectados por el conflicto. Y al mismo tiempo, admitió que aún hay zonas donde el miedo se impone, donde la paz sigue siendo un sueño esquivo. “La esperanza de los colombianos sigue intacta”, afirmó Sarabia con firmeza. “La esperanza del Cauca, la esperanza de Nariño, la esperanza del Catatumbo… y sobre todo, la esperanza en una segunda oportunidad para Colombia”.
Ese anhelo de redención colectiva fue el hilo conductor de su intervención. No hubo triunfalismo. Hubo memoria. Y también una cita, que muchos en Colombia aún recuerdan con emoción: el llamado del papa Francisco durante su visita a Bogotá en 2017, cuando pidió no dejarse vencer por la violencia ni por el mal. “Un mensaje que hoy, más que nunca, nos invita a soñar con un país diferente”, dijo Sarabia. Uno donde vivir valga más que morir.
Pero soñar no basta. Cumplir con la paz ha significado asumir el costo de la desidia de los últimos años. Una Reforma Rural rezagada, territorios abandonados, y una verdad fragmentada que dejó a las víctimas atrapadas entre el olvido y la impunidad. “Fallamos en entregar la totalidad de la verdad”, reconoció con crudeza. “No existió un propósito común ni un método compartido. En el campo y en la ciudad, entre ricos y pobres, no hubo consenso”.
El Gobierno del Cambio, liderado por el presidente Gustavo Petro, ha intentado revertir ese abandono. Lo ha hecho priorizando el enfoque territorial, étnico y de género. Impulsando planes de desarrollo en zonas tradicionalmente excluidas. Y promoviendo alternativas como el Servicio Social para la Paz, que permite a los jóvenes aportar al país sin empuñar un fusil. Ha sido una labor lenta, pero constante. Un camino accidentado, pero necesario.
La canciller no eludió el peso simbólico de este momento. Reivindicó la palabra empeñada ante el mundo: “El Acuerdo de Paz de 2016 fue presentado como una declaración unilateral de Estado”, recordó. No como una concesión de un gobierno, sino como una obligación del país entero. Y en ese marco, pidió al Consejo de Seguridad su respaldo continuo. No para recibir caridad, sino para construir juntos lo que muchos creyeron imposible: una Colombia reconciliada consigo misma.
Hay avances innegables. La actualización catastral de más de 9 millones de hectáreas, la adjudicación masiva de tierras, el desarme parcial de estructuras armadas en Nariño y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Reincorporación dan cuenta de un esfuerzo sostenido. Pero también persisten amenazas. El asesinato de líderes sociales, el incremento de la violencia en ciertas regiones y la inseguridad de los firmantes de paz siguen siendo asignaturas pendientes.
“La barbarie no es un concepto abstracto”, advirtió Sarabia. “Es la historia de más de dos millones de desplazados, de cien mil desaparecidos, de comunidades campesinas expulsadas una y otra vez de sus tierras fértiles”. Es esa violencia histórica la que ha convertido a Colombia en uno de los países más desiguales del planeta. Y es contra esa realidad que el Gobierno del Cambio pretende levantar un nuevo orden social.
Con firmeza, la canciller reafirmó la línea trazada por el presidente Petro: una paz territorializada, que dialogue con quienes tienen voluntad real de cambiar. “No se trata de dialogar por dialogar, sino de transformar vidas”, sentenció. Una paz que no se firma en los salones diplomáticos, sino que se construye con agua potable en el Chocó, con escuelas en el sur del Tolima, con empleo digno en el Bajo Cauca.
Colombia no puede volver a los tambores de guerra. No puede permitir que los “mudos” —como los llama Ricardo Silva Romero en Río Muerto— sigan siendo invisibles. La violencia, advirtió Sarabia, ya no puede seguir siendo una condena hereditaria. “Este gobierno ha dado voz a quienes solo conocieron el silencio del miedo”, aseguró. Y esa voz necesita del eco internacional para perdurar.
“El respaldo de este Consejo es la piedra angular para asegurar la continuidad del Acuerdo”, concluyó. Porque hablar de paz en Colombia —dijo con emoción— “es hablar de dignidad, de memoria y de futuro”. Y porque la verdadera victoria no será derrotar al enemigo, sino reconciliar al país consigo mismo.
En un mundo que se reconfigura, con nuevos conflictos y alianzas, Colombia busca algo tan elemental como poderoso: que su paz no sea un privilegio de pocos, sino un derecho de todos. Y que el mundo no la mire con compasión, sino con respeto. Porque no ha venido a pedir indulgencias. Ha venido a renovar una promesa. Una que, esta vez, está decidida a cumplir.
carloscastanedaqprensamercosur.org
