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En un esfuerzo decisivo por evitar la parálisis de proyectos clave para la infraestructura del país, la Procuraduría General de la Nación logró destrabar la ejecución de 63 megaobras viales tras articular mesas de trabajo con los principales actores del sector. Gracias a esta acción preventiva, el Ministerio de Hacienda autorizó un giro por $700 mil millones, recursos que permitirán retomar el ritmo de ejecución en vías estratégicas para la conectividad y el desarrollo de Colombia.
La gestión, liderada por el ente de control, reunió a representantes del Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Cámara Colombiana de la Infraestructura, logrando no solo acuerdos concretos, sino compromisos adicionales: durante una sesión de seguimiento celebrada el 9 de abril, el Ministerio de Hacienda anunció un nuevo desembolso de $300 mil millones que se hará efectivo en los próximos días, lo que permitirá cubrir obligaciones pendientes con contratistas y asegurar la continuidad de los proyectos.
Entre las obras priorizadas destacan corredores vitales como la Ruta Libertadora, que atraviesa los departamentos de Arauca, Casanare, Boyacá y Cundinamarca; la Ruta de los Comuneros, que conecta Zipaquirá con Bucaramanga y San Alberto; la variante San Francisco–Mocoa en el sur del país; y los tramos Popayán–Isnos y Popayán–La Plata, fundamentales para el Cauca y el Huila.
Con esta intervención, la Procuraduría reafirma el valor de la prevención como herramienta para proteger el patrimonio público y evitar litigios costosos que puedan comprometer los recursos de la Nación. Más allá del cumplimiento de la ley, lo que está en juego es la conectividad de millones de colombianos, el impulso a las economías regionales y la confianza en el cumplimiento del Estado.
El ente de control insistió en que continuará abriendo espacios de diálogo entre instituciones, como camino para destrabar obstáculos, construir consensos y asegurar que la infraestructura avance sin tropiezos, al servicio del país.
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