La gran logia de la masonería descarta denuncia penal por filtración masiva de datos y determinarán en secreto si hubo un trabajo interno y qué acciones corresponden.
La Gran Logia de la Masonería resolvió no avanzar en una denuncia penal tras la filtración de 13 GB de información confidencial. Según fuentes consultadas por el semanario Búsqueda y confirmadas a El Observador, el caso será abordado por un tribunal interno compuesto por juristas. Este organismo evaluará la responsabilidad del miembro señalado como presunto responsable y definirá sanciones, incluida su posible expulsión.
El tribunal interno, integrado por tres miembros titulares y tres suplentes, analizará si el implicado vulneró los protocolos de la organización. Además de determinar medidas disciplinarias, como la suspensión, podrá derivar el caso a la Justicia si identifica indicios de un delito. Las fuentes enfatizaron que el proceso priorizará la rigurosidad técnica y los estatutos de la orden.
La filtración, difundida por el grupo LaPampaLeaks, incluyó datos confidenciales como listas de miembros, documentos internos y detalles personales de postulantes. Aunque inicialmente se especuló con un ciberataque, la Masonería descartó esta hipótesis en un comunicado oficial. Allí afirmaron que la información fue extraída por un integrante mediante accesos legítimos.
Decisión institucional y mecanismos internos
El comunicado de la organización detalló que “el acceso siempre provenía del mismo usuario que pertenece a un hermano de la orden”. Agregaron que los registros demostraron ingresos autorizados mediante doble autenticación (clave y dispositivo móvil) entre el 19 de marzo y el 28 de marzo. “No hubo vulneración externa”, insistieron.
La decisión de no judicializar el caso refleja la autonomía de la Masonería para resolver conflictos internos. Sin embargo, especialistas en derecho penal señalan que, de comprobarse delitos como violación de privacidad o daño informático, el tribunal interno estaría obligado a notificar a las autoridades. Hasta ahora, no se ha confirmado si los datos filtrados circulan públicamente.
Según Búsqueda, el miembro investigado habría accedido a la plataforma digital de la organización de manera recurrente durante diez días. Los archivos compartidos por LaPampaLeaks coinciden temporalmente con esos ingresos, lo que reforzaría la hipótesis de una filtración intencional. La Masonería no ha identificado públicamente al involucrado.
Detalles de la filtración y respuestas oficiales
La información expuesta incluye desde actas de reuniones hasta correspondencia interna, lo que podría afectar la seguridad de miembros y aspirantes. Aunque la organización minimizó el impacto, expertos en ciberseguridad advierten riesgos como suplantación de identidad o extorsión. Hasta el momento, no se han reportado incidentes vinculados a la filtración.
El comunicado oficial subrayó que “este acceso era legítimo, es decir, que fue realizado con la doble autenticación y no fue una vulneración, ya que constan los registros de su normal acceso”. La falta de denuncia penal, según analistas, podría buscar evitar mayor exposición mediática, aunque también genera interrogantes sobre transparencia.
Este episodio ocurre en un contexto global de aumento de filtraciones de datos en organizaciones privadas y públicas. Para la Masonería, cuyos principios incluyen el secretismo operativo, el incidente representa un desafío a su reputación. La dependencia de sistemas digitales, incluso en grupos tradicionales, expone nuevas vulnerabilidades.
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