Imagen Procuraduría General de Colombia
La Procuraduría General de la Nación alzó la voz en medio del clamor silencioso de millones de víctimas del conflicto armado en Colombia. Con motivo del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad, el ente de control propuso abrir un gran diálogo nacional para replantear con urgencia la Política Pública de Víctimas, ante los crecientes desafíos que enfrenta su implementación y las persistentes violencias que agudizan el drama humanitario en regiones como el Cauca y el Catatumbo.
La iniciativa de la Procuraduría llega en un momento crítico: solo en el primer trimestre de 2025, más de 80 mil personas han sido afectadas por desplazamientos y confinamientos forzados en el Catatumbo, mientras que en 2024 se registraron 235 emergencias humanitarias en 23 municipios del país. La violencia no da tregua y las garantías de no repetición, pilar fundamental de la Ley de Víctimas, siguen siendo una promesa lejana.
Pese a los esfuerzos del Gobierno Nacional por aumentar el presupuesto destinado a la atención de las víctimas, la realidad supera con creces la capacidad institucional del Estado. La Procuraduría advirtió que las brechas entre lo proyectado y lo ejecutado son alarmantes. De las 9.8 millones de víctimas reconocidas desde 2004, apenas el 12% ha sido indemnizado. Para saldar la deuda con el resto, se necesitarían más de 83 billones de pesos, según cálculos recientes de la Contraloría General de la República. El panorama es especialmente grave en zonas rurales y en el exterior, donde persisten barreras para acceder a los programas de reparación, y no existen políticas específicas para garantizar la estabilización socioeconómica de quienes han perdido todo. Además, el mínimo vital no está siendo asegurado para miles de familias desplazadas que, tras huir de la violencia, se enfrentan al abandono institucional.
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La disputa entre grupos armados por el control territorial y las economías ilegales dejadas por las extintas FARC ha desbordado la capacidad de respuesta estatal. A ello se suman los continuos ataques contra actores humanitarios. Solo en 2024 se documentaron 208 hechos de violencia y amenazas contra personal de ayuda humanitaria en departamentos como Cauca, Chocó, Nariño, Caquetá y Norte de Santander.
La Procuraduría hizo un llamado urgente a fortalecer la articulación entre el Gobierno nacional y los territorios, mejorar la planificación y aumentar la presencia estatal en las regiones más afectadas. La institución reiteró su compromiso de acompañar a las víctimas desde el territorio y actuar como garante de sus derechos, promoviendo un diálogo que no solo sea técnico o institucional, sino profundamente humano y transformador.
Hoy más que nunca, Colombia necesita escuchar a sus víctimas. No como cifras, no como capítulos del pasado, sino como ciudadanos con derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la paz.
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