Gerente de RTVC de Colombia, Hollman Morris – Imagen Radio Nacional
En Colombia se libra una silenciosa pero feroz batalla por el derecho a informar. De un lado, el presidente Gustavo Petro, amparado en la legalidad del uso del espectro electromagnético, un bien público propiedad de la nación. Del otro, los grandes medios de comunicación privados que acusan al mandatario de “acaparar” el espacio televisivo para convertirlo, según ellos, en una plataforma de propaganda.
La polémica se desató tras las recientes transmisiones de los consejos de ministros liderados por el jefe de Estado, emitidos en horario estelar a través de los canales públicos y replicados en algunos privados. Durante estas jornadas, el presidente ha usado más de 18 horas al aire para exponer temas de interés nacional como la reforma a la salud, el sistema de pensiones y las denuncias sobre la corrupción histórica de las EPS. Esto ha generado una avalancha de tutelas interpuestas para impedir futuras apariciones, en lo que muchos interpretan como un intento de silenciar una narrativa que incomoda a ciertos sectores con poder mediático.
El argumento central de la oposición mediática gira en torno al costo de estas transmisiones. Una revista de colombia llamada SEMANA reveló que existe un contrato interadministrativo entre el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y RTVC por más de 6.074 millones de pesos, vigente hasta noviembre de 2025, que ha servido de sustento legal para estas emisiones. Un consejo de ministros de seis horas, como el del pasado 4 de febrero, habría costado al Estado más de 408 millones de pesos. El catálogo de producción contempla desde entrevistas de media hora que superan los 32 millones, hasta reportajes especiales de una hora valorados en más de 56 millones de pesos. Todo esto con producción a cargo del equipo técnico de la Casa de Nariño.
Para la oposición y algunos sectores de la prensa, estas cifras constituyen un despilfarro y un abuso del aparato estatal. Pero desde el Ejecutivo la respuesta es otra: el Estado tiene el deber y el derecho de comunicar al pueblo las decisiones que lo afectan. En un país donde durante décadas se ocultaron los desfalcos de las EPS, los manejos irregulares de fondos públicos y la manipulación informativa, el gobierno afirma estar rompiendo un cerco mediático histórico.
“¿Debe el pueblo conocer lo que ocurre en su país, o continuar siendo rehén de la versión que los grandes medios eligen mostrar?”, se preguntan desde la Presidencia. Y el interrogante no es menor.
Mientras en Colombia se discute si el gobierno puede usar los medios públicos para hablar directamente con la ciudadanía, en Argentina se vivió un escenario opuesto: el cierre de la agencia estatal de noticias Télam por parte del presidente Javier Milei, bajo el argumento de recorte de gastos. Una medida que dejó sin trabajo a cientos de comunicadores y que puso fin a una institución reconocida por su rigor informativo.
Consejos de Ministros de Colombia
Los medios que hoy levantan la voz por el uso del espacio televisivo nacional fueron, paradójicamente, los mismos que guardaron un sepulcral silencio durante el gobierno anterior. En la administración de Iván Duque, se transmitió en horario prime time el programa “Prevención y Acción”, que durante meses ocupó la televisión nacional con un formato diseñado para informar sobre la pandemia, pero que rápidamente se convirtió en una plataforma de posicionamiento político. Ninguno de los medios que hoy critican el uso del espectro por parte de Gustavo Petro cuestionó entonces la legitimidad de ese espacio, ni presentó tutelas ni denuncias por los recursos invertidos.
Lo que ocurre ahora, sin embargo, parece tener otra raíz: el temor a que se revele una verdad que durante décadas ha sido cuidadosamente maquillada o enterrada. La mayoría de los grandes medios de comunicación en Colombia son propiedad de conglomerados empresariales con intereses económicos y políticos bien definidos. Cuando el discurso presidencial toca temas sensibles como la corrupción estructural en el sistema de salud, los desfalcos de las EPS, o los contratos estatales entregados sin transparencia, el nerviosismo en las redacciones se hace evidente.
La verdad, como principio democrático, no debería incomodar. Pero incomoda. Porque no tiene precio. Y porque cuando se expone con claridad, amenaza los pactos tácitos que han mantenido el status quo. En una nación como Colombia, donde la desinformación ha sido arma de poder y control, hablar de frente al pueblo no solo es un acto político, sino un acto de justicia.
Un ejemplo claro en colombia, según algunos críticos, es el de la revista Semana, que recientemente presentó un derecho de petición para conocer los detalles del contrato entre el Dapre y RTVC, un documento público que está disponible para cualquier ciudadano. Lejos de limitarse a informar, la revista emitió una nota editorializada, cargada de sospechas y juicios de valor, posicionándose como la defensora de los recursos públicos. Sin embargo, no muestra el mismo celo al revisar su propio historial: durante años recibió cuantiosos contratos de publicidad oficial provenientes de los gobiernos que hoy no critica. Esta práctica generalizada plantea un cuestionamiento profundo sobre el rol de los medios en Colombia y en otras democracias frágiles: “Yo hablo bien de ti, pero tú me das toda la pauta publicitaria. Y así, todos contentos”.
Pero el pueblo no puede seguir siendo rehén de esa lógica perversa. Tiene derecho a saber lo que ha pasado y lo que sigue pasando en las estructuras del Estado. Merece conocer las cifras, los nombres, los contratos, los abusos, los privilegios. Y también merece escuchar, de manera directa, lo que un presidente —con aciertos y errores tiene que decir.
El periodismo tiene una función social invaluable, pero cuando se convierte en herramienta de presión para proteger intereses particulares, deja de servir a la verdad y traiciona a la ciudadanía. Por eso, más allá de las tutelas, de los titulares incendiarios o de los intereses cruzados, la pregunta sigue vigente: ¿quién decide qué información merece conocer el pueblo?
El espectro electromagnético no es de los medios. Es de la nación. Y la pregunta final sigue flotando en el aire: ¿quién teme más a la verdad?
carloscastaneda@prensamercosur.org
