Este sábado, el departamento de Nariño vivirá uno de los momentos más significativos en su historia reciente: la entrega oficial de armas por parte del grupo armado Comuneros del Sur. El acto, encabezado por el presidente Gustavo Petro, se convierte en el símbolo más contundente de un proceso de paz que ha logrado avanzar sin reflectores mediáticos, pero con resultados palpables en el territorio.
El evento, titulado “Acordando y Haciendo: Avances del Proceso de Paz Territorial de Nariño”, reunirá a delegados del Gobierno nacional, autoridades departamentales y representantes de Comuneros del Sur, en lo que será una jornada cargada de simbolismo, verdad y compromisos concretos.
No se trata de un gesto aislado. La entrega de armas refleja el cierre de un ciclo de violencia y el inicio de un proceso de transformación integral en uno de los territorios más golpeados por el conflicto armado. Comuneros del Sur, grupo que surgió en 1992 como frente del ELN en esta región, anunció en marzo de 2024 su decisión de apartarse de la lucha armada y construir una paz territorial con enfoque social y comunitario. Desde entonces, y con el impulso de la Mesa para la Co-construcción de Paz Territorial —creada por resolución presidencial en septiembre del mismo año—, se han logrado avances que hoy se traducen en hechos concretos.
La presencia del presidente Petro en Nariño no es casual ni protocolaria. Es un respaldo directo a un proceso que ha contado con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) y el Reino de los Países Bajos. Estará acompañado por figuras clave como el ministro de Defensa, Iván Velásquez; el comisionado de Paz, Otty Patiño; y el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. Junto a ellos, líderes comunitarios, integrantes de Comuneros del Sur y delegados institucionales recorrerán los avances de una hoja de ruta basada en tres pilares: reducción de las violencias, transformación territorial y transición del grupo armado hacia la vida civil y política
Uno de los primeros pasos visibles fue el inicio del desminado humanitario en Samaniego. En paralelo, se capacitaron integrantes de las comunidades y del grupo para formar equipos civiles dedicados al despeje de zonas contaminadas. También se creó el grupo “Buscadores de Comuneros”, compuesto por excombatientes formados por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), con el objetivo de esclarecer la verdad y aportar a la memoria de las víctimas.
Los logros en desarrollo social no son menores. A través de convocatorias públicas, se financiaron 40 proyectos comunitarios con más de $1.700 millones, dirigidos a organizaciones sociales, étnicas y productivas. En materia educativa, se intervinieron 50 sedes rurales y se dotaron 36 ambientes escolares. Además, se construyen tres centros de educación superior en zonas históricamente excluidas.
En salud, el proceso ha priorizado 48 proyectos de infraestructura y dotación, incluyendo la entrega de más de 100 Equipos Básicos de Salud, con una inversión que supera los $38.000 millones. En conectividad, se han instalado 166 centros digitales que permiten acceso a internet en veredas y corregimientos, con una inversión superior a los $26.000 millones.
La infraestructura vial también ha sido parte del enfoque territorial. Doce proyectos han sido priorizados, ocho de ellos en ejecución directa por comunidades organizadas y resguardos indígenas, a través del programa “Caminos Comunitarios para la Paz”. En total, la inversión supera los $210.000 millones, incluyendo el mejoramiento de vías regionales y la entrega de maquinaria amarilla en varios municipios.
Pero tal vez uno de los aspectos más delicados y al mismo tiempo esperanzadores del proceso es el acuerdo para la verdad. En alianza con el Centro Nacional de Memoria Histórica, el grupo Comuneros del Sur se comprometió a aportar al esclarecimiento de hechos de violencia mediante un Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad. El objetivo es construir un informe profundo sobre los impactos del conflicto en la región, con énfasis en las víctimas y en la memoria colectiva del pueblo nariñense.
Los municipios donde se concentra este proceso —Barbacoas, Cumbal, Guachucal, La Llanada, Mallama, Providencia, Ricaurte, Samaniego, Santa Cruz de Guachavés y Los Andes Sotomayor— han sido históricamente escenario de abandono estatal, cultivos ilícitos y control armado. Hoy, comienzan a perfilarse como territorios de reconciliación y esperanza.
Lo que ocurre en Nariño no es una firma ni una ceremonia de protocolo. Es el resultado de meses de construcción silenciosa, de diálogo franco, de pasos pequeños que han permitido llegar a una decisión irreversible: dejar atrás la guerra.
Con esta entrega de armas, el grupo Comuneros del Sur deja un mensaje claro: eligieron el camino del trabajo comunitario, del reconocimiento a las víctimas, de la participación política sin fusiles. Lo que hasta hace poco parecía imposible, hoy es real.
Y en medio de todo, hay una certeza que recorre las montañas del sur: la paz no se decreta, se siembra. Y en Nariño, ya germina.
carloscastaneda@prensamercosur.org
