Jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro lanzó una contundente acusación contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), señalándolo de haberse convertido en una «fuerza mercenaria» financiada por el narcotráfico y de haber roto unilateralmente las negociaciones de paz con el Gobierno. Su pronunciamiento se dio tras la publicación de una noticia que revela que la guerrilla estaría pagando hasta cuatro millones de pesos a migrantes venezolanos para integrarlos a sus filas en la convulsionada zona del Catatumbo.
A través de su cuenta en la red social X, Petro denunció que el ELN ha abandonado cualquier vestigio de lucha ideológica y que su expansión responde a una estrategia mercenaria vinculada a economías ilegales. «El ELN crece con mercenarios. Es la modalidad del traquetismo», afirmó el mandatario, advirtiendo que esta transformación del grupo insurgente representa una grave amenaza para la soberanía nacional y la estabilidad en las regiones fronterizas.
El jefe de Estado insistió en que el narcotráfico ha desplazado por completo las motivaciones políticas del ELN y que su presencia en áreas estratégicas responde exclusivamente a intereses criminales. «No es una violencia insurgente, es una violencia cimentada en la economía ilícita, que es la nueva fase de la violencia en Colombia», aseveró Petro. En ese sentido, reiteró que la clave para superar el conflicto radica en el desmantelamiento de las economías ilegales y en la implementación de modelos agroindustriales sostenibles que sustituyan los cultivos ilícitos.
El presidente también cuestionó la histórica falta de inversión en infraestructura en los territorios más golpeados por la violencia y defendió la reciente reforma constitucional que amplía los recursos destinados a los municipios, como parte de una estrategia para frenar la influencia de los grupos armados en esas zonas. Además, anunció la apertura de un amplio debate público sobre el proyecto de ley de competencias, con el que busca impulsar una descentralización efectiva del país.
Las negociaciones entre el Gobierno y el ELN, que se desarrollaron en múltiples rondas de diálogo, se vieron debilitadas por la falta de acuerdos en puntos cruciales como el cese al fuego y el compromiso con el desmonte de las economías ilegales. A pesar de los esfuerzos por avanzar en un pacto, la desconfianza y la escalada de violencia en regiones como el Catatumbo, donde más de 35.000 personas han sido desplazadas por la crisis humanitaria, terminaron por socavar el proceso de paz.
Petro responsabilizó al ELN por el colapso de las conversaciones, acusándolo de traicionar el objetivo de una solución negociada. Por su parte, la guerrilla argumentó que el Gobierno no ofreció las garantías necesarias para continuar con el proceso. La ruptura del diálogo deja en incertidumbre el futuro de la paz en Colombia, mientras las comunidades afectadas siguen esperando soluciones que les permitan vivir sin la sombra de la guerra.
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