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Un escándalo de corrupción sacude al Ejército Nacional tras la condena de un mayor, quien abusó de su posición para lucrarse a costa de sus propios subalternos. El oficial, quien se desempeñaba como Jefe de Operaciones del Batallón de Selva No. 53 en la vereda El Gualtal, Tumaco (Nariño), fue sentenciado a 62 meses de prisión por exigir dinero a cambio de gestionar traslados y por vender información privilegiada.
La investigación reveló que el mayor no solo aprovechaba su cargo para exigir pagos a sus subordinados que buscaban cambios de unidad, sino que también comercializaba datos operacionales estratégicos para que otros oficiales pudieran presentar resultados exitosos. A través de este esquema de corrupción, el militar habría recibido aproximadamente 12 millones de pesos.
Las pruebas en su contra fueron contundentes. Testimonios de soldados y oficiales bajo su mando, así como registros de transferencias y comunicaciones, evidenciaron la manera en que operaba este entramado ilegal. Se descubrió que el cobro por traslado variaba según la complejidad del proceso y el rango del solicitante, lo que permitió al mayor beneficiarse económicamente de manera significativa. Además, el acceso a información privilegiada sobre operaciones militares le permitió vender datos a otros oficiales, generando un grave riesgo para la seguridad y la integridad de las misiones.
El Juzgado 1203 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado lo declaró culpable de los delitos de concusión y tráfico de influencias, imponiéndole, además de la pena privativa de la libertad, una multa de 94 millones de pesos y su separación definitiva del Ejército Nacional. La condena es un mensaje contundente sobre la lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas armadas y la necesidad de mayor control sobre quienes ostentan el mando.
Este caso ha generado preocupación dentro de las filas militares, ya que expone fallas en los mecanismos de control y supervisión interna. La corrupción en el Ejército debilita la confianza en las instituciones y afecta la moral de los soldados que cumplen con sus deberes sin recurrir a prácticas ilícitas. En respuesta, las autoridades han prometido reforzar los sistemas de vigilancia y transparencia para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
«Desde la Fiscalía General Penal Militar y Policial continuamos trabajando con autonomía, efectividad y transparencia para luchar contra los delitos que afectan la administración pública dentro de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional», señaló la autoridad tras la condena.
El caso evidencia la persistencia de prácticas ilícitas dentro de las instituciones castrenses y la necesidad de fortalecer los controles internos para erradicar la corrupción en las Fuerzas Militares. Se espera que este fallo judicial siente un precedente y refuerce la importancia de la ética y la disciplina dentro de las filas del Ejército Nacional.
carloscastaneda@prensamercosur.org
