El abogado Constitucionalista, Germán Calderón España. Foto: Colprensa(Thot)
Un intenso debate jurídico se ha desatado en Colombia luego de que el abogado constitucionalista Germán Calderón España presentara una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 85 del Código Penal, norma que regula la prescripción de la acción penal. La demanda, actualmente en curso en la Corte Constitucional, busca que se establezca si una persona puede renunciar voluntariamente a este derecho, considerando que la prescripción forma parte de las garantías fundamentales inherentes a todo ser humano.
La controversia surge en el marco de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, representado por el abogado penalista Jaime Granados. Varios periodistas han insistido en preguntar a Granados por qué su cliente no renuncia a la prescripción de la acción penal, la cual se haría efectiva el 8 de octubre de 2025. Ante esta cuestión, el demandante argumenta que aceptar tal renuncia equivaldría a vulnerar la presunción de inocencia, un derecho humano fundamental.
«Renunciar a la prescripción de la acción penal es como renunciar a la vida misma. Se trata de un derecho sustancial, universal e indivisible. En la generalidad, toda persona hace hasta lo imposible por vivir eternamente o, en el caso de un investigado, por probar su inocencia. Otra cuestión distinta es que el Estado no sea capaz de cumplir su labor dentro de los términos legales», sostiene el demandante en su acción jurídica.
La discusión cobra relevancia en un país donde el principio de presunción de inocencia ha sido objeto de debates recurrentes en el ámbito judicial y político. La posibilidad de que un ciudadano pueda renunciar a la prescripción de su acción penal podría abrir la puerta a interpretaciones que afectarían la seguridad jurídica y el debido proceso. Algunos expertos advierten que aceptar esta práctica podría generar precedentes que alteren la estructura misma del sistema penal, debilitando el papel del Estado en la garantía de los derechos de los acusados.
Por otro lado, quienes defienden la posibilidad de renuncia argumentan que, en ciertos casos, los procesados podrían querer demostrar su inocencia sin verse beneficiados por la prescripción. Sin embargo, según el abogado demandante Calderón España, este tipo de decisiones podrían generar una presión indebida sobre los acusados, obligándolos a probar su inocencia en lugar de que sea el Estado el que demuestre su culpabilidad, como lo establece el principio fundamental del derecho penal.
El recurso interpuesto ante la Corte Constitucional pretende sentar un precedente en la garantía de los derechos fundamentales y delimitar hasta qué punto es legítimo que una persona renuncie a ellos. La discusión promete generar un amplio debate en los ámbitos académico y jurídico, con implicaciones que podrían trascender el caso puntual del expresidente Uribe y redefinir el alcance de la prescripción penal en Colombia. Mientras la Corte estudia la demanda, el debate seguirá abierto y podría marcar un antes y un después en la comprensión de los derechos fundamentales en el país.
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