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La Superintendencia Nacional de Salud llevó a cabo una auditoría en una de las bodegas de Audifarma, ubicada a las afueras de Bogotá, y reveló serias inconsistencias en el abastecimiento de medicamentos esenciales. A pesar de contar con 113.000 unidades de insulina en sus instalaciones, el gestor farmacéutico mantenía reportes de escasez en sus puntos de dispensación, afectando a miles de pacientes que dependen de este medicamento vital.
El Superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, acompañado por la Delegatura para Gestores Farmacéuticos, lideró la inspección este viernes, evidenciando que de una lista de 22 medicamentos de alta demanda, solo ocho tenían disponibilidad suficiente en la bodega de Audifarma. La insulina, fundamental para pacientes con diabetes, figuraba en los listados de pendientes en los puntos de entrega, a pesar de que existía un stock considerable en almacenamiento.
«No existe justificación alguna, ni administrativa ni de otra índole, para que estos medicamentos no estén disponibles en los puntos de atención y sí estén registrados como pendientes en las órdenes de los pacientes», afirmó el Superintendente, subrayando la gravedad del hallazgo.
Ante esta situación, la Supersalud ordenó a Audifarma distribuir de inmediato los medicamentos retenidos en bodega y garantizar su disponibilidad en los puntos de dispensación en un plazo máximo de 24 horas. El incumplimiento de esta orden podría derivar en sanciones severas contra la empresa, que juega un papel clave en la cadena de suministro de medicamentos en el país.
Durante la auditoría, representantes de Audifarma argumentaron que la distribución de la insulina dependía de la asignación de cada EPS. Sin embargo, la Superintendencia enfatizó que los trámites administrativos no pueden convertirse en un obstáculo para el acceso oportuno a los tratamientos médicos.
Esta acción de inspección responde al llamado del presidente Gustavo Petro de fortalecer la supervisión sobre el sistema de salud, en un momento crítico para la seguridad social en el país. Con la medida, la Supersalud busca garantizar que los medicamentos lleguen a quienes los necesitan sin dilaciones injustificadas, protegiendo así la vida y el bienestar de los ciudadanos.
Impacto en los pacientes y en el sistema de salud
La falta de disponibilidad de medicamentos en los puntos de dispensación ha generado múltiples quejas de pacientes y organizaciones defensoras del derecho a la salud. La insulina, en particular, es un medicamento esencial para la estabilidad de personas con diabetes, y su desabastecimiento pone en grave riesgo la vida de miles de personas que dependen de su suministro continuo.
Familiares de pacientes han denunciado que, en repetidas ocasiones, han tenido que recorrer distintos puntos de dispensación sin éxito, enfrentando demoras que ponen en peligro la salud de sus seres queridos. «Es inaceptable que tengamos que esperar semanas para recibir un medicamento que sabemos que está almacenado en una bodega. Esto es jugar con la vida de las personas», expresó indignado Juan Carlos Ríos, padre de una menor con diabetes tipo 1.
Reacciones y medidas adicionales
El hallazgo de la Supersalud ha generado reacciones en distintos sectores. La Defensoría del Pueblo ha solicitado explicaciones detalladas a Audifarma y a las EPS involucradas, exigiendo acciones inmediatas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
Por su parte, el Ministerio de Salud anunció que reforzará las auditorías a los gestores farmacéuticos en todo el país para evitar prácticas que puedan afectar la entrega oportuna de medicamentos esenciales. «No podemos permitir que las barreras burocráticas y administrativas se conviertan en obstáculos para el acceso a la salud. Vamos a tomar las medidas necesarias para corregir estas fallas de manera inmediata», afirmó el ministro de Salud en un comunicado oficial.
Mientras tanto, la Supersalud seguirá monitoreando el cumplimiento de la orden de distribución inmediata de los medicamentos almacenados en Audifarma y advirtió que, en caso de incumplimiento, podrían aplicarse sanciones que incluyen multas millonarias e incluso la suspensión de contratos con entidades del sistema de salud.
carlos castaneda @prensamercosur.org
