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La Contraloría General de la República ha tomado cartas en el asunto frente a la preocupante caída del recaudo tributario en Colombia. El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, ha ordenado un seguimiento permanente a la gestión de fiscalización y recaudación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en el marco del control fiscal concomitante y preventivo.
En consecuencia, funcionarios de la Unidad de Reacción Inmediata de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría se desplazarán a la sede de la DIAN en Bogotá para llevar a cabo visitas y análisis detallados. La misión de este equipo será evaluar el desempeño del ente recaudador y su capacidad de enfrentar la evasión tributaria, así como garantizar el pago oportuno de las obligaciones fiscales.
El detonante de esta decisión ha sido la preocupante caída del recaudo en 2024, que impactó significativamente los planes de gasto del Gobierno Nacional. Inicialmente, la meta de ingresos se fijó en $315,86 billones, pero fue ajustada a $287,4 billones. Sin embargo, la meta revisada solo se cumplió en un 85,4%, alcanzando un recaudo de $245,4 billones, lo que representó una disminución de 11 puntos porcentuales frente a 2023.
Para 2025, el panorama sigue siendo complejo. La falta de aprobación de la ley de financiamiento obligó al Gobierno a reducir su estimación de ingresos en $12 billones. Adicionalmente, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha advertido que el recaudo podría ser inferior en $34 billones al Plan Financiero presentado por el Ejecutivo, lo que agudiza la crisis fiscal.
Ante este escenario, la Contraloría General extenderá su monitoreo más allá de la DIAN, evaluando también la gestión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS). La supervisión incluirá un análisis detallado de las variables del ingreso y su impacto en el déficit fiscal.
El seguimiento abarcará el período enero-junio de 2025, con acceso a información clave, articulación con los sistemas de control interno y la ejecución de actuaciones especiales de fiscalización. Con esta estrategia, la Contraloría busca generar alertas tempranas que permitan tomar medidas correctivas oportunas.
Esta iniciativa responde a los objetivos estratégicos del plan 2022-2026 de la Contraloría, que prioriza el fortalecimiento de la vigilancia y el control de los recursos públicos. La meta es salvaguardar la estabilidad económica del país y garantizar que el sistema tributario opere con eficacia y transparencia en tiempos de incertidumbre fiscal.
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