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En un paso decisivo hacia la transformación del sistema de salud en Colombia, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la totalidad del articulado de la reforma impulsada por el Gobierno Nacional. Con este logro, el proyecto avanza a paso firme en el Congreso y está cerca de superar su segundo debate. Mientras el Ejecutivo y sus aliados políticos festejan la consolidación de la iniciativa, sectores de la oposición insisten en que la reforma podría generar riesgos fiscales y operativos para el país.
Durante la jornada legislativa, los congresistas avalaron siete artículos restantes de la ponencia, eliminando uno en el proceso. La sesión estuvo marcada por el respaldo del bloque oficialista y la presencia activa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien fue fotografiado junto a los legisladores que respaldaron el proyecto. Ahora, la atención se centra en la discusión y votación de nuevos artículos que podrían ser incorporados al texto definitivo.
Entre los artículos aprobados destacan el 44, 60, 61 y 62. El artículo 44 establece la creación del «Fondo de Infraestructura y Dotación de la Red Pública Hospitalaria» (FIDH), que será administrado por el Ministerio de Salud con el objetivo de fortalecer la red hospitalaria mediante proyectos de infraestructura y dotación. Sin embargo, este punto generó controversia cuando el congresista Andrés Forero cuestionó su diferenciación con el fondo ya estipulado en el artículo 16, advirtiendo sobre una posible fragmentación de los recursos y su impacto en la calidad de la atención médica.
Por su parte, el artículo 60 ratifica la excepción de los regímenes de salud y seguridad social de las Fuerzas Militares, Policía Nacional, Magisterio y Ecopetrol, asegurando que continuarán bajo sus normativas actuales. El artículo 61, clave en el proceso de transición hacia el nuevo modelo de salud, establece que ninguna persona podrá quedar sin cobertura, sin acceso a tratamientos médicos o sin atención especializada durante la implementación del nuevo sistema. Asimismo, garantiza la continuidad de los tratamientos para pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo, evitando interrupciones abruptas en la prestación del servicio.
El artículo también define el futuro de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Aquellas que cumplan con los requisitos podrán transformarse en Gestoras de Salud y Vida, mientras que las que no lo hagan deberán acordar con el Gobierno las condiciones de transición de sus afiliados. Se priorizará la atención a través de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), y en regiones sin presencia de EPS, la Nueva EPS asumirá el aseguramiento de la población.
El Ministerio de Salud tendrá un plazo de seis meses para reglamentar la implementación del nuevo sistema, mientras la Superintendencia de Salud habilitará mecanismos especiales para la atención de quejas y reclamos de los usuarios. Además, el Ministerio de Hacienda estructurará un mecanismo de crédito destinado al saneamiento financiero de las EPS en proceso de transformación.
A pesar del entusiasmo del Gobierno y sus aliados, el debate sigue abierto. La oposición insiste en que la reforma podría generar incertidumbre en la prestación del servicio de salud y afectar la estabilidad financiera del sistema. En el Congreso, el camino aún no está despejado, y en el país, el debate sobre el futuro de la salud sigue en ebullición.
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