La Contraloría General de la República ha lanzado una alerta preocupante sobre la inoportunidad en el suministro del Programa de Alimentación Escolar (PAE), afectando a más de 781.000 niños, niñas y adolescentes en todo el país. A corte del 14 de febrero de 2025, siete Entidades Territoriales Certificadas (ETC) y 13 municipios no certificados de Casanare aún no han iniciado la prestación del servicio, dejando sin acceso a alimentación a cerca de 307.000 estudiantes. A esta crítica situación se suman otras 11 entidades que presentaron retrasos en la entrega de los complementos alimentarios, impactando a 474.000 menores que no recibieron a tiempo este servicio fundamental para su desarrollo y bienestar.
Las deficiencias en la ejecución del PAE afectan a diversas regiones del país. Según la Contraloría, entre los casos más alarmantes se encuentran Neiva y Magdalena, donde a pesar de haber iniciado el calendario escolar el 20 de enero de 2025, los estudiantes no han recibido el PAE, perjudicando a 167.786 menores. En Cauca y Sucre, la falta de suministro de alimentación escolar ha impactado a 63.237 estudiantes indígenas, lo que agrava una situación de vulnerabilidad ya existente. En La Guajira y Riohacha, más de 69.000 beneficiarios indígenas y priorizados no han recibido los complementos alimentarios tras el inicio de clases el 3 de febrero, lo que representa un riesgo para su bienestar y salud. En Maicao, donde el calendario escolar indígena comenzó el 10 de febrero, 1.873 estudiantes aún esperan la prestación del servicio. Por su parte, en Casanare, 13 municipios no certificados no han iniciado el PAE, afectando a más de 5.500 niños, lo que pone en evidencia la falta de planificación y ejecución de este programa fundamental.
En cuanto a los retrasos en la prestación del servicio, se identificaron demoras preocupantes en entidades como Córdoba, Montería y Cauca, donde el suministro de alimentación escolar se inició hasta 15 días después del comienzo de clases, perjudicando a 318.000 estudiantes. En otras regiones como Dosquebradas, Pitalito, Chocó, Sincelejo y Putumayo, los atrasos oscilaron entre 2 y 14 días, afectando a decenas de miles de niños y adolescentes. Estos retrasos no solo generan afectaciones en la nutrición de los estudiantes, sino que también comprometen su desempeño escolar, ya que una alimentación insuficiente impacta directamente su capacidad de aprendizaje y concentración en las aulas.
Ante esta grave crisis, la Contraloría General de la República ha exigido a las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) que agilicen los procesos contractuales para garantizar la continuidad del programa. Asimismo, insta al Gobierno Nacional a asignar los recursos necesarios de manera oportuna, asegurando que los niños y jóvenes del país reciban el derecho fundamental a una alimentación adecuada desde el primer día del calendario escolar.
El incumplimiento del PAE no solo compromete la seguridad alimentaria de los estudiantes, sino que también pone en riesgo su rendimiento académico y bienestar general. La falta de una respuesta inmediata por parte de las autoridades puede agravar aún más esta crisis que impacta directamente en el futuro de la niñez colombiana. En un país donde la desigualdad social ya representa un problema estructural, la falta de entrega oportuna de alimentación escolar es un agravante que profundiza la brecha de acceso a condiciones dignas para miles de estudiantes. Es fundamental que se establezcan mecanismos de control más efectivos, que permitan hacer seguimiento en tiempo real a la ejecución de los contratos y garantizar que ningún niño tenga que enfrentar la jornada escolar sin la alimentación que le corresponde por derecho.
Los efectos de esta crisis podrían extenderse a largo plazo, afectando la salud y el desarrollo de una generación que depende de la educación y de programas como el PAE para salir adelante. La ineficiencia en la administración de estos recursos no solo refleja fallas en la gestión pública, sino que pone en evidencia la necesidad de una intervención urgente para corregir las deficiencias estructurales en la ejecución de programas de alimentación escolar en Colombia.
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