

Imagen Procuraduría de Colombia
La Procuraduría General de la Nación ha solicitado al Gobierno Nacional información detallada sobre las acciones implementadas para regular el suministro de combustibles en el Catatumbo, luego de la suspensión del código SICOM a 48 estaciones de servicio de la región y otros municipios afectados.
En el marco del estado de conmoción interior declarado en la zona, la Procuraduría ha intensificado su vigilancia preventiva ante las presuntas actividades ilícitas relacionadas con el comercio de hidrocarburos. La medida, sustentada en la Resolución 00152 de 2025, obedece a inconsistencias en la georreferenciación de las estaciones, detectadas por el Ministerio de Defensa Nacional.
Ante este panorama, el ente de control ha requerido al Ministerio de Minas y Energía explicaciones sobre los mecanismos adoptados para garantizar el suministro lícito de combustibles y evitar su desvío hacia grupos criminales. Además, ha exigido la presentación de informes bimensuales que detallen el proceso de validación de las estaciones afectadas y las medidas de control implementadas para su posible reactivación.
La decisión de suspender temporalmente el abastecimiento de combustibles en estos puntos críticos genera incertidumbre en una región donde el control de los recursos energéticos ha sido históricamente disputado por actores ilegales. La Procuraduría enfatiza la necesidad de garantizar transparencia en el proceso y evitar que la población civil se vea afectada por estas medidas.
Asimismo, el ente de control ha solicitado una revisión minuciosa de los protocolos de distribución para prevenir el desabastecimiento en las comunidades que dependen del combustible para su economía y movilidad. Diferentes gremios y asociaciones del sector han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que la suspensión prolongada afecte el comercio y la agricultura local.
Por su parte, las autoridades han indicado que se está trabajando en un plan de contingencia para mitigar los efectos de la medida en la población civil y que se priorizará el restablecimiento del servicio en aquellas estaciones que cumplan con los requisitos legales. No obstante, la Procuraduría advierte sobre la necesidad de una supervisión constante para evitar posibles irregularidades en la reactivación del suministro.
Se espera que en las próximas semanas el Gobierno entregue un balance detallado sobre el impacto de la suspensión y las estrategias que se implementarán para garantizar el acceso seguro y regulado a los combustibles en la región del Catatumbo.
carloscastaneda@prensamercosur.org
