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En un giro significativo en la lucha por la justicia, la Honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha concedido la revisión de la sentencia condenatoria proferida el 25 de octubre de 2000 contra el Dr. Saulo Arboleda Gómez, acusado de interés ilícito en la celebración de contratos. Esta decisión, tomada en sesión extraordinaria el 25 de febrero de 2024, responde a la sentencia definitiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitida el 3 de junio de 2024, en el caso Arboleda Gómez Vs. Colombia.
El fallo de la Corte IDH ordenó al Estado colombiano garantizar un mecanismo para la revisión de la condena en cumplimiento de los derechos fundamentales del acusado. Con la aceptación del recurso de impugnación especial, el Dr. Arboleda Gómez ve reivindicado su derecho humano a recurrir la sentencia que ha combatido por más de dos décadas.
El abogado Germán Calderón España, apoderado judicial del Dr. Arboleda Gómez en sede de apelación, argumentó en su recurso tres cargos de atipicidad de la conducta. Fundamentó su defensa en la nulidad del proceso penal contra el Dr. Rodrigo Villamizar Alvarogonzález, presunto determinador del delito, cuyo archivo por parte de la Fiscalía General de la Nación invalida la imputación contra su defendido. Según la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, la desaparición de la figura del determinador anula la responsabilidad del inductor.
Asimismo, la defensa sustentó la nulidad de los fallos sancionatorios de la Procuraduría General de la Nación, invalidados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, los cuales reconocieron la legalidad y transparencia del actuar del Dr. Arboleda Gómez en el proceso contractual objeto de controversia.
Otro argumento clave en la apelación es la prescripción de la acción penal. La condena fue emitida el 25 de octubre de 2000 y, al momento de interponer el recurso de apelación el 2 de diciembre de 2024, habían transcurrido 24 años, 1 mes y 7 días, superando el término prescriptivo.
Esta decisión marca un hito en la administración de justicia en Colombia y refuerza la obligación del Estado de garantizar el derecho a la revisión de sentencias condenatorias, en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos. El caso de Saulo Arboleda Gómez se convierte en un referente para la aplicación de la justicia en el país y la protección de los derechos fundamentales de los procesados.
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