Imagen Procuraduría de Colombia
Cinco años después de la devastadora tragedia que azotó a Mocoa en 2017, la reconstrucción y mitigación del riesgo en la región siguen en el limbo. La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra Eduardo José González Angulo, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por presuntas irregularidades en la ejecución de los proyectos de reconstrucción de la capital de Putumayo.
Según el ente de control, a abril de 2022, ninguna de las obras de mitigación había sido contratada ni entregada en la parte alta de las cuencas de los ríos Mulato, Sangoyaco y la quebrada Taruca. En la parte media y baja de estas fuentes hídricas, la situación no es diferente: pese a que el 25 de marzo de 2020 la UNGRD incorporó más de $185 mil millones al Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (FNGRD) para la ejecución de 56 obras, ninguna había sido finalizada a inicios de 2022.
La Procuraduría ha puesto el foco sobre la demora en la suscripción de los contratos de interventoría, los cuales habrían sido celebrados e iniciados mucho después de la firma de los contratos de obra, generando retrasos significativos en la ejecución del proyecto. Además, advierte que la falta de planeación y ejecución de estas obras podría poner en riesgo a las comunidades asentadas en la parte alta del río Mulato y las quebradas Taruca y Taruquita.
El ente de control ha solicitado un dictamen pericial a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para establecer el porcentaje de avance de los proyectos contemplados en el Plan de Acción Específico (PAE) 2017 y evaluar el estado actual de los contratos vigentes desde la vigencia 2020. Asimismo, busca determinar si a la fecha del peritaje persisten riesgos para la población debido a las demoras en la ejecución de las obras.
Las críticas no se han hecho esperar por parte de la comunidad, que ha manifestado su inconformidad y frustración ante la falta de avances concretos en la reconstrucción. Organizaciones sociales y habitantes de Mocoa han reiterado la urgencia de acelerar las obras de mitigación del riesgo, pues consideran que cada año sin avances aumenta el peligro de que una tragedia similar vuelva a ocurrir.
La falta de ejecución de las obras no solo genera un problema de seguridad para los habitantes de Mocoa, sino también una pérdida significativa de recursos destinados para este fin. Según expertos en gestión del riesgo, el rezago en la inversión y la mala planeación pueden agravar la vulnerabilidad del municipio frente a futuros desastres naturales.
Por su parte, la UNGRD ha respondido que continúa trabajando en la estructuración de las obras y que se han realizado ajustes en los procesos contractuales para garantizar su ejecución en el menor tiempo posible. Sin embargo, los hechos demuestran que, a pesar de los recursos disponibles, la reconstrucción de Mocoa sigue siendo una deuda pendiente del Estado con los habitantes de esta región.
La inacción y los retrasos en la reconstrucción de Mocoa reflejan una preocupante negligencia administrativa que mantiene en vilo a cientos de familias, quienes, cinco años después de la tragedia, continúan esperando soluciones concretas para mitigar el riesgo de futuras emergencias. La investigación de la Procuraduría será clave para esclarecer responsabilidades y determinar las acciones necesarias para que Mocoa no quede en el olvido.
carloscastaneda@prensamercosur.org
