Imagen Cortesía CMS MAG
En el panorama mediático colombiano de 2024, un fenómeno inquietante ha captado la atención de la ciudadanía: la aparente alineación de los principales medios de comunicación en contra del gobierno actual. Lejos de ser una prensa crítica y constructiva, como debería esperarse en una democracia sana, el periodismo colombiano parece haber adoptado un papel de editorialismo al unísono, unificando sus voces en ataques constantes que a menudo carecen del rigor y la objetividad que deberían caracterizar la información responsable. Esta situación, lejos de fortalecer la democracia, fomenta un clima de polarización y desconfianza entre los ciudadanos.
El periodismo, pilar fundamental de cualquier sociedad democrática, tiene como misión informar con veracidad, investigar a fondo y denunciar actos que afecten el bienestar público. No obstante, en Colombia, los grandes medios de comunicación han ido abandonando este rol esencial para transformarse en actores políticos con agendas propias, defendiendo intereses económicos y particulares. Esto ha provocado que la información objetiva y equilibrada sea desplazada por campañas de desprestigio y titulares diseñados para atacar de forma sistemática al gobierno actual.
Nunca antes en la historia reciente de Colombia se había observado una actitud tan homogénea y abiertamente hostil hacia un gobierno por parte de los principales medios. Cada día, millones de ciudadanos se encuentran con titulares que, más que informar, buscan manipular su percepción y alimentar un descontento que, en muchas ocasiones, se construye sobre noticias incompletas o directamente falsas. Esta situación no solo engaña a una población que en su mayoría consume información de forma superficial, sino que también debilita la confianza en las instituciones democráticas, en un momento crítico en el que el país necesita unidad y diálogo constructivo.
Detrás de esta estrategia, resulta imposible ignorar los intereses económicos y políticos que rodean a los principales conglomerados mediáticos del país. Muchos de estos grupos pertenecen a empresarios con vínculos históricos con el Estado, beneficiarios de contratos, concesiones y decisiones legislativas que han favorecido sus negocios privados. El actual gobierno, al implementar políticas que buscan limitar estos privilegios y garantizar una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos, ha despertado una respuesta furiosa de los grandes medios. La defensa de la libertad de prensa que enarbolan, entonces, pierde credibilidad al entrelazarse con intereses económicos que nada tienen que ver con el bienestar de la ciudadanía.
A esto se suma que los mismos dueños de los medios de comunicación ejercen una fuerte influencia en el Congreso de la República, donde promueven y aprueban leyes que perpetúan su poder económico. De esta forma, se cierra un círculo en el que los grandes conglomerados no solo controlan la narrativa mediática, sino también la agenda política del país, posicionándose como actores con capacidad de incidir directamente en las decisiones del Estado. Esta realidad plantea una pregunta crucial: ¿está la prensa defendiendo a los ciudadanos o simplemente luchando por conservar sus privilegios?
En este contexto, la ciudadanía debe ser consciente de los efectos que tiene un periodismo sesgado y carente de independencia. Cuando los medios abandonan su misión de informar con veracidad y equilibrio para convertirse en herramientas de presión política, la democracia entera se ve afectada. Al desprestigiar sistemáticamente al gobierno, no solo se debilita la legitimidad de las instituciones, sino que se contribuye a un ambiente de incertidumbre y polarización que beneficia a quienes buscan mantener el statu quo.
Es particularmente grave que estos ataques constantes hayan desplazado la cobertura de problemas fundamentales que afectan al país. La desigualdad social, la violencia en las regiones más apartadas, la corrupción estructural y el crimen organizado han sido relegados a un segundo plano en la agenda mediática, que parece obsesionada con generar una narrativa de crisis permanente. Mientras tanto, millones de colombianos siguen enfrentando diariamente problemas que merecen ser visibilizados y discutidos con seriedad y compromiso.
En lugar de fomentar el diálogo y el debate informado, los medios están promoviendo una narrativa que polariza a la sociedad y profundiza la división entre ciudadanos. Al mismo tiempo, la publicación constante de titulares sensacionalistas y noticias incompletas ha debilitado la confianza en el periodismo como institución. Es preocupante que los grandes medios, que deberían ser garantes de la verdad y el control social, estén contribuyendo activamente a la desinformación y la manipulación.
Frente a este panorama, es fundamental que los colombianos asuman un rol activo y crítico en su relación con los medios de comunicación. No se trata de atacar la libertad de prensa, un derecho fundamental que debe ser defendido a toda costa, sino de exigir que esta libertad sea ejercida con ética, responsabilidad e independencia. La ciudadanía tiene el derecho y el deber de cuestionar la información que recibe, diversificar sus fuentes y rechazar los intentos de manipulación que buscan perpetuar los intereses de unos pocos.
La defensa de la libertad de prensa no puede ser una excusa para que los medios abandonen su compromiso con la verdad y la sociedad. Un periodismo verdaderamente libre es aquel que investiga, denuncia y cuestiona a los poderes políticos y económicos sin responder a agendas ocultas. La democracia necesita una prensa independiente y crítica, no una prensa que actúe como herramienta de intereses privados.
Es momento de que los colombianos reflexionen sobre el papel que están desempeñando los medios en la construcción del país. Una sociedad informada es una sociedad libre, pero esta libertad solo puede lograrse si el periodismo recupera su misión esencial de informar con veracidad y responsabilidad. Proteger la libertad de prensa significa también exigir un periodismo ético, transparente y comprometido con el bienestar de la sociedad en su conjunto.
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