La Superintendencia Nacional de Salud, bajo la dirección de Giovanny Rubiano, resolvió negar la solicitud presentada por la EPS Sura para implementar una medida preventiva de toma de posesión denominada “Programa de desmonte progresivo”. En la Resolución No. 2024310000015683-6 de 2024, la entidad enfatizó que Sura debe continuar asegurando la prestación de servicios de salud a sus afiliados, conforme a las normativas vigentes.
El superintendente Rubiano destacó que esta decisión busca proteger los derechos de los usuarios del sistema de salud. “Nuestro deber es garantizar que las EPS cumplan con su misión de brindar servicios de calidad y asegurar la continuidad en la atención a los colombianos. No permitiremos acciones que pongan en riesgo este objetivo fundamental”, afirmó.
La resolución establece en su Artículo Primero que no se aprueba la medida solicitada, argumentando su improcedencia con base en el análisis expuesto en el acto administrativo. En consecuencia, la EPS Suramericana, identificada con NIT 800.088.702-2, deberá seguir operando para garantizar el aseguramiento en salud de su población afiliada, en cumplimiento de las leyes 100 de 1993, 1122 de 2007, 1438 de 2011, 1751 de 2015 y el Decreto 780 de 2016.
En términos de comunicación, la Supersalud determinó que la notificación de la decisión se realizará inicialmente por medios electrónicos. Si no es posible completar este proceso, se procederá con citaciones personales o mediante notificaciones por aviso, según los lineamientos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
Asimismo, el Artículo Cuarto de la resolución indica que contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación. Dicho recurso podrá ser radicado en las instalaciones de la Superintendencia en Bogotá o enviado al correo electrónico habilitado para estos efectos.
El superintendente Rubiano reiteró que la entidad continuará vigilando de cerca el cumplimiento de las obligaciones por parte de las EPS. “Nuestro compromiso es velar por el acceso oportuno y efectivo a los servicios de salud. No dudaremos en tomar medidas que aseguren la protección de este derecho fundamental”, concluyó.
La decisión reafirma el rol de la Superintendencia como garante del sistema de salud en Colombia, priorizando la estabilidad del aseguramiento y la calidad de la atención en beneficio de los usuarios.
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