Ortega presenta una reforma constitucional en Nicaragua con la que su esposa será copresidenta y ambos controlarán los 3 poderes del Estado

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha promulgado una extensa reforma constitucional que le otorgaría a él y a su esposa, Rosario Murillo, el control absoluto sobre los tres poderes del Estado.

La propuesta de Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas presentada por el gobierno de Ortega a la Asamblea Nacional busca ser tramitada con carácter urgente, según informan medios locales y agencias.

Con esta reforma, Rosario Murillo, actual vicepresidenta del país, sería designada como «copresidenta», una nueva figura introducida en la constitución.

Los roles de «copresidente» y «copresidenta» tendrían el mismo nivel de poder y serían elegidos mediante sufragio universal.

La reforma afectaría a más de 100 artículos de la actual Constitución, que ha sido enmendada en 12 ocasiones desde 2007 por el gobierno de Ortega, incluyendo una enmienda que le permitió ser reelegido de forma indefinida en el cargo.

El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, ha anunciado que se espera la aprobación de la ley en los próximos días, posiblemente este viernes.

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha expresado su rechazo y repudio a la iniciativa de «ley de reforma» presentada por Ortega.

Las enmiendas

Una de las enmiendas propuestas convertiría a la pareja gobernante en «coordinadora» de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que hasta ahora eran reconocidos como independientes en la Constitución.

Además, se ampliaría de 5 a 6 años el mandato de los dos copresidentes, quienes durante ese período gozarían de «inmunidad».

Otra enmienda oficializaría la figura de los «policías voluntarios» como un «cuerpo auxiliar de apoyo a la Policía Nacional, integrado por ciudadanos nicaragüenses que prestan sus servicios de forma voluntaria».

Organizaciones de derechos humanos han acusado a estas brigadas informales de reprimir y disparar contra ciudadanos durante las protestas antigubernamentales de 2018.

La reforma constitucional también permitiría destituir a los funcionarios públicos que discrepen con los «principios fundamentales» del régimen, una práctica que se ha llevado a cabo de manera no oficial según denuncias de organizaciones.

Además, se restringiría aún más la libertad de expresión, permitiéndola solo cuando «no viole el derecho de otra persona, de la comunidad y los principios de seguridad, paz y bienestar establecidos en la Constitución».

La bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega que gobierna el país, se oficializaría como símbolo patrio junto a la bandera nicaragüense azul y blanca, el himno y el escudo nacional.

Se espera que la reforma constitucional sea aprobada por la Asamblea Nacional, donde 75 de los 91 diputados son del FSLN y el resto rara vez se opone a las iniciativas presentadas.

La pareja de «copresidentes»

Daniel Ortega, de 79 años, ha eliminado los límites constitucionales para su mandato, permitiéndole renovar su cargo varias veces desde 2007 en elecciones consideradas fraudulentas por varios países y organizaciones internacionales.

Ortega inició su carrera política como guerrillero del FSLN, combatiendo la dictadura de la familia Somoza.

Tras la Revolución Sandinista en 1979, asumió la presidencia en 1985, liderando un gobierno marcado por reformas socialistas y un conflicto armado con los contras, financiados por Estados Unidos.

Después de perder las elecciones de 1990, permaneció como líder del FSLN en la oposición hasta ganar los comicios de 2006, regresando a la presidencia en 2007.

Rosario Murillo, nacida en 1951, es una poeta y política que ha militado en el FSLN desde 1969.

En medio de la lucha clandestina en los años 70, inició su relación con Daniel Ortega en 1978, ascendiendo desde entonces a cargos relevantes en el ámbito cultural y comunicativo del partido.

Murillo es vicepresidenta desde 2017 y tiene un amplio poder de decisión en el partido y el gobierno.

Personas cercanas a ella han destacado su carácter y estilo excéntricos, así como su inclinación al esoterismo.

Tras las elecciones de 2021, en las que los principales candidatos de la oposición fueron suspendidos y encarcelados, Ortega y Murillo renovaron sus cargos en medio de acusaciones de fraude por parte de gran parte de la comunidad internacional.

El FSLN

La bandera roja del Frente Sandinista de Liberación Nacional se convertirá en un símbolo patrio al nivel de las insignias nacionales, consolidando el sistema de partido único de facto impuesto por Ortega en los últimos años en Nicaragua.

El FSLN, fundado en 1961 como un partido socialista cristiano inspirado en la lucha de Augusto César Sandino contra la ocupación estadounidense, estableció un gobierno revolucionario tras la revolución de 1979.

Después de perder las elecciones de 1990, el FSLN se reorganizó como partido de oposición y, con la reelección de Ortega en 2006, consolidó un liderazgo centralizado en el partido.

Dirigentes históricos del partido como Sergio Ramírez y Dora María Téllez fundaron movimientos alternativos tras desacuerdos con el giro autoritario de Ortega y Murillo.

Tras las protestas de 2018 y las elecciones cuestionadas de 2021, Ortega y el FSLN radicalizaron su postura contra disidentes y opositores, persiguiéndolos, encarcelándolos y desterrándolos por «traición a la patria» en 2023.

Críticas de la OEA y la oposición

El anuncio de la reforma constitucional ha generado críticas por parte de la oposición nicaragüense, cuyos líderes se encuentran en el exilio tras ser encarcelados y desterrados en 2023.

Para Félix Maradiaga, una figura destacada de la disidencia, la medida representa una consolidación totalitaria del poder en manos de Ortega y Murillo, formalizando las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que la dictadura ha cometido durante años.

La reforma constitucional en Nicaragua representa un ataque a la democracia y los derechos fundamentales, consolidando el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Entre las medidas más alarmantes están la ampliación del periodo presidencial, la legalización de símbolos…

El político opositor, economista y empresario Juan Sebastián Chamorro ha denunciado que la reforma elimina la separación de poderes del Estado y los coloca bajo la coordinación de una dictadura bicéfala.

Chamorro ha declarado que, aunque esto ya venía sucediendo en la práctica, constituye una flagrante violación de los derechos al tratarse de la carta magna.

En su comunicado, la OEA ha señalado que el documento de la reforma es ilegítimo en la forma y el contenido, constituyendo una aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial en Nicaragua y una agresión definitiva al Estado de Derecho Democrático.

Además, ha añadido que el pueblo nicaragüense necesita paz, democracia y respeto a los derechos humanos, exigiendo elecciones auténticas, legítimas, universales y libres, y el fin de la dictadura.