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En el marco de la COP16, la ministra de Justicia y del Derecho de Colombia, Ángela María Buitrago, ofreció una profunda reflexión sobre la justicia ambiental como un eje fundamental para la construcción de una paz estable y sostenible en el país. Durante el foro “Paz con Justicia Ambiental: una Apuesta Necesaria”, Buitrago destacó la relación intrínseca entre el medioambiente, los conflictos sociales y el acceso a los recursos naturales, temas que, según la ministra, deben ser abordados con equidad, sostenibilidad, participación y prevención para garantizar una verdadera justicia ambiental.
La ministra explicó cómo el conflicto armado en Colombia ha afectado gravemente al medioambiente, exacerbando problemas como la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de los recursos hídricos. Además, señaló que el acceso desigual a los recursos naturales puede intensificar las tensiones sociales y contribuir a la perpetuación de la violencia en el país. Para mitigar estos riesgos, el enfoque del Estado debe basarse en cuatro pilares fundamentales: justicia distributiva, justicia participativa, sostenibilidad y precaución.
La justicia distributiva, según la ministra, se centra en asegurar que los impactos negativos de la degradación ambiental no recaigan desproporcionadamente sobre las comunidades más vulnerables, como los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos. Estas comunidades han sido históricamente las más afectadas por la pérdida de biodiversidad y la contaminación, lo que las coloca en una posición de desventaja en términos de salud, bienestar y oportunidades económicas. Para Buitrago, garantizar una distribución equitativa de las cargas ambientales es esencial para reducir las desigualdades y promover una paz sostenible.
“La paz no se trata solo de diálogos y negociaciones. Debemos entender que los conflictos ambientales también afectan a las comunidades marginadas como los pueblos indígenas y afrodescendientes. La justicia ambiental, en este sentido, debe buscar prevenir su vulnerabilidad y proteger sus derechos”, subrayó la ministra.
En cuanto a la justicia participativa, Buitrago destacó la importancia de incluir activamente a estas comunidades en la toma de decisiones relacionadas con el medioambiente. Según la ministra, la participación de estos grupos es crucial para asegurar que sus conocimientos ancestrales y su relación única con la naturaleza sean respetados en la gestión de los recursos naturales. Este enfoque participativo refuerza la legitimidad de las políticas ambientales y contribuye a una mayor cohesión social.
Además, la sostenibilidad, como tercer principio clave, busca garantizar el uso responsable de los recursos naturales para preservar el derecho a un ambiente sano para las futuras generaciones. Este enfoque tiene como objetivo crear un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación del medioambiente, asegurando que las actividades productivas no comprometan la biodiversidad ni los servicios ecosistémicos.
Por último, Buitrago hizo énfasis en el principio de precaución, que plantea la necesidad de actuar con responsabilidad y anticipación frente a posibles riesgos ambientales. Aunque no siempre haya evidencia concluyente, la ministra explicó que es fundamental tomar medidas preventivas cuando existan sospechas de que ciertas actividades pueden causar daños al medioambiente. Este enfoque permite a las autoridades actuar antes de que el daño sea irreversible, priorizando la protección de los ecosistemas.
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Asimismo, la ministra subrayó el compromiso de Colombia con el Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional de América Latina y el Caribe sobre el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Este acuerdo, según Buitrago, refuerza la responsabilidad del Estado colombiano en la promoción de ecosistemas saludables y la gestión sostenible de los recursos, lo que contribuye a reducir los conflictos ambientales y las actividades ilícitas que aceleran la degradación del medioambiente.
“No hay duda de que la paz, el desarrollo y la protección del medioambiente están profundamente interconectados”, afirmó Buitrago. “El Acuerdo de Paz y los compromisos adquiridos por Colombia nos obligan a construir una paz duradera, centrada en las víctimas y en la participación de toda la sociedad. En este contexto, la protección del medioambiente es crucial para prevenir la violencia y garantizar la sostenibilidad de nuestros recursos naturales”.
En sus declaraciones finales, la ministra enfatizó que Colombia, con su extraordinaria biodiversidad, tiene un rol clave en la lucha contra el cambio climático. La conservación de sus ecosistemas no solo es una cuestión de justicia ambiental, sino también una contribución vital para mitigar los efectos del calentamiento global a nivel global.
La intervención de Ángela María Buitrago en la COP16 dejó claro que el futuro de la justicia en Colombia pasa por una integración profunda de las políticas ambientales y de paz. Solo a través de un enfoque que equilibre la equidad, la participación, la sostenibilidad y la prevención, el país podrá enfrentar de manera efectiva los desafíos del cambio climático y los conflictos sociales que aún lo afectan.
carloscastaneda@prensamercosur.org
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