Colombia | JEP pide investigar a políticos y empresarios tras explosivas revelaciones de Otoniel sobre vínculos con paramilitares

Imagen Cortesía

La Justicia Especial para la Paz (JEP) ha compulsado copias a la justicia ordinaria para investigar a una serie de políticos, empresarios y militares por presuntos nexos con grupos paramilitares, tras las declaraciones de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, el exlíder del Clan del Golfo. Durante tres jornadas, el 9, 10 y 11 de abril, Otoniel rindió un testimonio clave desde su reclusión en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos, donde cumple condena tras su extradición.

Ante la JEP, que investiga los casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como “falsos positivos”, y los crímenes cometidos contra el partido de izquierda Unión Patriótica, Otoniel ofreció detalles comprometedores sobre los presuntos colaboradores de los grupos paramilitares que operaron durante el conflicto armado colombiano. Estas revelaciones incluyen nombres de personajes que habrían tenido, según sus palabras, vínculos directos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en particular el Bloque Centauros, del cual fue comandante. En su testimonio, Otoniel señaló que varios de estos individuos, incluidos políticos, empresarios y altos mandos militares, colaboraron activamente con las AUC, proporcionando apoyo financiero y logístico.

“Se ratifica que era gente colaboradora, como les dije ese día, que era gente que colaboraba en la organización, la mayor parte nos colaboraba financieramente”, afirmó Otoniel ante los magistrados de la JEP, refiriéndose a una lista de nombres que ya había proporcionado cuando estaba bajo custodia en Colombia. Esta contundente afirmación ha llevado a la JEP a remitir el caso a la justicia ordinaria para que se determine si las personas mencionadas efectivamente contribuyeron a las actividades ilegales de los grupos paramilitares.

Entre los nombres que ahora estarán bajo la lupa de las autoridades judiciales se encuentran los excongresistas Milton Arlex Rodríguez Sarmiento y Carlos Cárdenas Oriz, así como el empresario y exfuncionario de Casanare, Andrés Rueda Gómez. También figuran Sergio Manuel Hernández, exrector de la Universidad de Cartagena; Leonidas Ortega, exsecretario de Casanare; y Sigifredo Gómez Torreglosa, un contratista e interventor. A esta lista se suman Helí Cala López, exrepresentante a la Cámara; Oscar Raúl Iván Flórez, exdiputado de Casanare; y Alfredo Iván Guzmán, exalcalde de Tame, Arauca, junto a Julio Enrique Acosta Bernal, otro exfuncionario destacado.

El impacto de las declaraciones de Otoniel no se limita a estos nombres. La JEP también solicitó investigar a todos los diputados del departamento de Casanare que ejercieron entre 2000 y 2003, así como a los integrantes de la cúpula de la Brigada 18 del Ejército Nacional, que operaron entre 2000 y 2006. Estas investigaciones podrían arrojar luz sobre las posibles relaciones entre figuras públicas y militares de alto rango con las AUC durante uno de los periodos más violentos de la historia reciente de Colombia.

Este caso pone de nuevo en el centro del debate el oscuro capítulo de la relación entre el poder político, económico y militar con los grupos armados ilegales que durante años asolaron vastas regiones del país, sembrando el terror y dejando a su paso una estela de violaciones a los derechos humanos. Las compulsas de copias por parte de la JEP buscan que la justicia ordinaria esclarezca estos nexos y determine la responsabilidad penal de los involucrados, lo que podría derivar en procesos judiciales de gran envergadura.

Mientras tanto, el testimonio de alias Otoniel sigue siendo clave en la búsqueda de la verdad sobre el conflicto armado y el entramado de complicidades que permitió la expansión de los paramilitares en Colombia. Su extradición a Estados Unidos no ha frenado la importancia de sus confesiones en el marco de la justicia transicional, la cual sigue arrojando luz sobre algunos de los capítulos más oscuros de la guerra en el país.

Ahora, el siguiente paso será ver cómo avanza la justicia ordinaria en las investigaciones solicitadas por la JEP, y si se logrará probar que estos personajes efectivamente colaboraron con las AUC, o si las acusaciones quedarán sin sustento. Lo que está claro es que la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto continúa, y este nuevo capítulo podría marcar un giro importante en la lucha contra la impunidad.

carloscastaneda@prensamercosur.org