El chavismo tiene 18 años minando los liderazgos locales y regionales de la oposición

Desaparecer los liderazgos locales y regionales es un método que ha ejecutado a la perfección Nicolás Maduro como lo demuestran las inhabilitaciones impuestas este año al menos a 12 alcaldes, la aprehensión de tres de ellos y la persecución contra otros tantos. Sin embargo, es una política que su antecesor en el cargo, el fallecido Hugo Chávez Frías, comenzó en el año 2006.

Una de las primeras víctimas fue el entonces alcalde de Baruta, Henrique Capriles Radonski, a quien mantuvieron preso en El Helicoide por cuatro meses en el año 2006, al vincularlo al asedio de la embajada de Cuba durante el golpe de Estado del año 2002 contra el propio líder chavista.

Después de ser gobernador en dos oportunidades, una de ellas en las que derrotó al hombre fuerte del chavismo, Diosdado Cabello, a Capriles Radonski lo inhabilitaron en el año 2017 para ejercer cargos públicos, una decisión que ratificó la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en enero de este 2024 cuando las prácticas que comenzó Chávez las aceleró Maduro en pleno año electoral.

Y antes de Capriles, el alcalde del municipio Sifontes del estado Bolívar, Carlos Chancellor, fue detenido por órdenes del gobierno de Chávez y el entonces gobernador de esa entidad, Francisco Rangel Gómez. Lo acusaron de obstrucción de vías públicas e incitación a delinquir, aunque antes ya le habían abierto una investigación por presuntas irregularidades durante su primera gestión que se remontaba a 1998.

Lo sentenciaron a 7 años de cárcel en 2009, pero en 2011 lo dejaron en libertad, por lo que volvió a ganar la alcaldía en las municipales de 2013. Esta semana, lo detuvieron en Anzoátegui.

Vía al Estado comunal

La exdiputada a la Asamblea Nacional y presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, en entrevista para Efecto Cocuyo hace énfasis en esta tesis: la implantación del Estado comunal, un sueño de Chávez al que Maduro le ha puesto todo el empeño desde que llegó al poder en 2013.

“Es una característica del régimen y tiene que ver con el dominio contra liderazgos locales y regionales, acabar con el estado descentralizado… Es desaparecer a las alcaldías y gobernaciones de facto”, señala.

Solórzano dice que el más reciente anuncio de Nicolás Maduro sobre una segunda “consulta popular”, prevista para este 25 de agosto, va en sintonía con esa tesis que dejó Chávez a su sucesor.

“Yo me comprometí a avanzar en la desburocratización, a avanzar en el gobierno directo con la gente, por eso ratifico la convocatoria a elecciones consultivas el 25 de agosto para los proyectos de los 4500 circuitos comunales”, dijo el gobernante ante sus seguidores en Miraflores este 8 de agosto.

Contra López y Ledezma

Otro ejemplo de que Chávez comenzó esta práctica fueron las elecciones de 2008. Leopoldo López era el favorito de las encuestas y aspiraba a la Alcaldía Mayor de Caracas, pero una inhabilitación política en su contra por parte de la Contraloría General de la República le impidió aspirar al cargo en esas regionales.

Entonces, Antonio Ledezma aspiró y ganó esos comicios. De inmediato, el chavismo se fabricó la llamada jefa de gobierno de Distrito Capital que vació de competencias la alcaldía metropolitana hasta el punto de que la Constituyente de 2017, dominada sólo por el chavismo, la desapareció por completo del mapa político territorial del país.

A Ledezma lo cercaron financieramente, le quitaron sus competencias y terminó preso en 2015, dos años después de ser reelecto en una alcaldía que prácticamente era un cascarón vacío. Lo llevaron al Sebin de Plaza Venezuela, después a la cárcel militar de Ramo Verde y en 2017 logró escapar de su apartamento, donde estaba en arresto domiciliario y se fue a España.

También está el caso de Biagio Pilieri, exdiputado a la Asamblea Nacional por la oposición desde el año 2010. Fue alcalde de Chivacoa en las megaelecciones del año 2000, perdió la reelección en 2004, pero se mantuvo como concejal. En 2009 lo acusaron de delitos de corrupción y, aunque fue absuelto en un juicio, lo dejaron preso hasta que logró su curul al Parlamento por el estado Yaracuy un año más tarde.

Mientras que en 2012, tras las elecciones primarias de oposición, el candidato a la Alcaldía de Baruta, David Uzcátegui, que era concejal de esa localidad mirandina fue inhabilitado y no se pudo postular al cargo.

Los alcaldes presos, perseguidos e inhabilitados de Maduro

Pero con Nicolás Maduro en el poder la persecución se intensificó con más encarcelamientos, inhabilitaciones y persecuciones.

En 2014 las primeras víctimas de esta política fueron los alcaldes Daniel Ceballos (Voluntad Popular) en San Cristóbal, estado Táchira, y Enzo Scarano en San Diego, estado Carabobo. Ganadores de las municipales de 2013 a estos dos mandatarios electos los despojaron de sus cargos en una sentencia de la Sala Constitucional, que además ordenó encarcelarlos por un año. A los dos, los responsabilizaron de las protestas opositoras contra el gobierno en ese entonces.

En 2015, a la alcaldesa de Guasdualito del estado Apure, Lumay Barreto, la destituyó la Cámara Municipal dominada por el chavismo. Alegaron que se ausentó del cargo por un viaje que hizo a Caracas. En 2016 fue el turno de Delson Guárate, en el municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua, a quien apresaron por supuestas irregularidades. La alcaldesa encargada, Alicia Loreto, fue también defenestrada por los concejales del chavismo.

También en ese año una acusación contra el alcalde de Maturín del estado Monagas, Warner Jiménez, terminó en su destitución cuando decidió irse al exilio para evitar ser encarcelado. La Cámara Municipal, con mayoría de ediles chavistas, lo despojaron del cargo. Como Barreto y Guárate, militaba en el partido Voluntad Popular.

TSJ de nuevo en acción

Cuando volvieron las protestas en contra de Nicolás Maduro en 2017, que dejaron más de 100 personas fallecidas, el TSJ volvió a activarse para destituir a alcaldes opositores: David Smolanky (El Hatillo), Gustavo Marcano (Lechería) y Ramón Muchacho (Chacao). A todos los condenaron a 15 meses de prisión, pero salieron al exilio. En Iribarren, estado Lara, los ediles chavistas destituyeron a Alfredo Ramos del ayuntamiento.

“Cuando tomas liderazgo en las regiones y municipios, y el liderazgo comunitario parece que quiere dominarlo el régimen que siempre tuvo la idea de las comunas y los consejos comunales y si lo concatenamos con la reciente declaración de Maduro en la calle, donde anunció las ‘elecciones’ que hará el 25 de agosto donde está estructurando el nuevo Estado comunal, es un proyecto del chavo-madurismo de acabar con las alcaldías y gobernaciones y para hacerlo tienen que acabar con el liderazgo local”, reitera Solórzano.

Contraloría y órganos de inteligencia

En 2024 no ha sido distinto. A 12 alcaldes los inhabilitaron a medida que fueron mostrando su respaldo a Edmundo González Urrutia como candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática y reconocieron el liderazgo de María Corina Machado. Solo a dos de ellos los inhabilitaron sin manifestar su apoyo a los dos políticos: Josy Fernández (Los Salias, Miranda) y Elías Sayehg (El Hatillo, Miranda).

Los otros 10, que sí respaldaron al diplomático de carrera son:

1. Heriberto Tapia/Motatán/Trujillo
2. José Carrillo/Urdaneta/ Trujillo
3. Dilcia de Oviedo/Campo Elías/ Trujillo
4. Keiver Peña/Sucre/ Trujillo
5. Servando Godoy/ Márquez Cañizalez/Trujillo
6. Wilmer Delgado/ Monte Carmelo/ Trujillo
7. Yohanthi Domínguez/Carache/ Trujillo
8. Francisco Aguilar/ Andrés Bello/ Trujillo
9. Iraima Vásquez /Tubores/ Nueva Esparta
10. José María Fermín/Villalba/ Nueva Esparta.

Además, detuvieron al alcalde del municipio Ayacucho del estado Táchira, Yonnhy Liscano, el 20 de junio en horas de la madrugada. También apoyó a González Urrutia y Machado. Lo acusaron de supuestos delitos de corrupción.

Qué pasó con Franco Gerratana

En redes sociales se viralizó como ciudadanos del municipio Ortiz, del estado Guárico, impidieron que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieran al alcalde Franco Gerratana el 28 de junio pasado, a pocos días de iniciarse oficialmente la campaña electoral a las presidenciales.

Pero la alegría duró poco, el 15 de julio la Cámara Municipal lo destituyó, nombraron a un alcalde encargado y la orden de captura contra el que fue nombrado jefe del comando municipal de campaña de González Urrutia está en paradero desconocido.

Fuentes cercanas al político confirmaron a Efecto Cocuyo que existe una persecución contra la familia y el entorno de Gerratana. Aunque la gente intentó impedir que se instalara una comisión de enlace y el chavismo tomara posesión de la alcaldía de Ortiz, con militares y policías se logró que el presidente de la Cámara Municipal tomara el poder el 17 de julio.

“La familia de Franco, su círculo cercano  y los ciudadanos que voluntariamente alzaron su voz, han sido víctimas de persecución y hostigamiento. Simplemente por tener vinculación con él o por defender sus derechos. Su familia está desesperada, preocupada por lo que pueda pasarle, está anhelando que todo pase, que pueda aclararse la situación y volver a encontrarse con él”, dijo la persona que por razones de seguridad no quiso revelar su nombre.

A los directores de ese ayuntamiento los destituyeron. En esa localidad trabajan 500 personas para la alcaldía.  Y a quienes apoyen o simpaticen con Gerratana o los cambian de direcciones a zonas más alejadas de la capital de la localidad para forzarlos a renunciar.

Quienes administran son cercanos al círculo del gobernador del estado, el chavista José Manuel Velásquez.

Dos alcaldes presos y uno perseguido tras el 28J

Tras las elecciones del 28 de julio, en las que la oposición desconoció los resultados que anunció el Consejo Nacional Electoral y que dieron ganador a Nicolás Maduro para un tercer periodo, sin mostrarse actas ni resultados detallados por mesas de votación, de nuevo a varios alcaldes de oposición los apresaron.

Uno de ellos es Jordan Sifuentes, del municipio Mejía del estado Sucre, el único mandatario local que adversa al chavismo en esa región oriental. Una comisión de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar lo apresaron el viernes 2 de agosto, pero ni su familia ni abogados tienen acceso a él.

Una persona que habló con Efecto Cocuyo, en condición de anonimato por su seguridad, detalló que el ayuntamiento se mantiene operativo con funcionarios administrando el ayuntamiento, pero que hay mucho temor de lo que pueda ocurrir en los próximos días.

Antes, el 30 de julio apresaron al alcalde de Lagunillas del estado Zulia, José Mosquera Adarme. Un mensaje que se viralizó en redes sociales en el que suplantaron la identidad del presidente de la Asociación de Alcaldes de esa región, fue el pretexto para apresarlo. Lo trasladaron a Caracas y el 6 de agosto lo liberaron.

“Contento de estar de nuevo en casa, en el municipio, con la familia y mi gente. Me presenté ante las autoridades, se hicieron las investigaciones correspondientes y salimos bien librados. No hubo elementos causales hacia mi persona. Vamos a seguir nuestras funciones y continuar trabajando por la recuperación del municipio”, dijo dos días después al retomar sus funciones, según recogió El Pitazo.

A Fernando Feo, alcalde de Tinaquillo del estado Cojedes, lo detuvieron el domingo 4 de agosto. Lo denunciaron los partidos Vente Venezuela y Acción Democrática en redes sociales. El político es también el secretario general de la seccional Cojedes de AD, pero a seis días de su detención no se sabe dónde se encuentra detenido.

“Hugo Chávez creó los consejos comunales, le quita presupuesto a alcaldías y gobernaciones y lo que hace es centralizar. Tienes que dirigirte a Miraflores para pedir recursos y no ir a los alcaldes. Eso fue una manera de quitarle las competencias a las alcaldías. Es una estructura bien pensada que viene desde el gobierno de Hugo Chávez”, insiste Solórzano sobre cómo en casi 20 años, el chavismo ha minado con acciones legales, administrativas y judiciales el trabajo del liderazgo opositor.

Esta semana se conoció el allanamiento del diario El Caroreño, en el estado Lara,  un medio propiedad del alcalde Javier Oropeza, a quien buscan los organismos de seguridad e inteligencia del Estado. Y aunque permanece en paradero desconocido, a uno de sus directores de confianza lo arrestaron el viernes.