La estrategia del kirchnerismo en Diputados para frenar al Gobierno con Ganancias y Bienes Personales

El regreso de la Ley Bases a Diputados abrió un debate sobre qué temas deberían o no ser tratados por la cámara revisora. Varios juristas sostienen que solo podrán debatir lo que se aprobó en el Senado y no lo que se desechó, como en el caso de Ganancias y Bienes Personales. Tampoco la moratoria previsional, que no fue tratada en ninguna de las dos sesiones.

Según pudo saber TN, ese argumento es el que por estas horas evalúa el bloque de Unión por la Patria para intentar dejar fuera del debate ambos proyectos, fundamentales para la reforma económica que plantea el presidente Javier Milei. Para eso, están buscando qué antecedentes parlamentarios podrían darle mayor fuerza al planteo.

Sin embargo, reconocen que no cuentan con los números para imponer su postura, pero analizan la posibilidad de plantearlo para dejar sentada la posición.

Además, los juristas advierten que, en caso de tratarse y aprobarse, una vez reglamentados por el Presidente, ambos proyectos podrían ser judicializados. Para evitarlo, La Libertad Avanza apelará a un acuerdo amplio con la UCR, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica y su aliado, el PRO.

Cuál es el argumento jurídico para dejar fuera de debate Ganancias y Bienes Personales

El primero que hizo el planteo fue el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, pero luego se sumaron varios docentes de Derecho y el tema llegó al Congreso.

En diálogo con TN, Gil Domínguez confirmó que aún no fue consultado por ninguna fuerza política, pero no descartó que pueda suceder, a medida que se acerque la fecha de definiciones.

“El procedimiento constitucional es muy claro. Tenemos un sistema bicameral, ambas cámaras deben expresarse de manera afirmativa y solamente puede volver lo que la cámara revisora aprueba o aprueba con correcciones o adiciones”, explicó el constitucionalista.

En un documento firmado por Gil Domínguez y los profesores de Derecho Mauro Benente, Nancy Cardinaux, Laura Clérico, Roberto Gargarella, Marisa Herrera y Leticia Vita, plantearon que “la Cámara de Diputados no puede insistir sobre los artículos desechados por la Cámara de Senadores”.

En un sistema bicameral federal, “solo la concurrencia afirmativa puede transformar un proyecto de ley en una ley sancionada por el Congreso. La voluntad afirmativa de la Cámara revisora se manifiesta aprobando o bien, aprobando con adiciones o correcciones el texto remitido por la Cámara de origen”, explicaron.

Pero fueron un paso más allá y plantearon que “nunca un rechazo parcial de la Cámara revisora puede ser asemejado a una aprobación con adiciones o correcciones por cuanto carece de voluntad afirmativa”.

Además, Gil Domínguez agregó que en el caso de la iniciativa oficialista de eliminar la moratoria previsional “no se votó ni se puso a consideración”, por lo que no hay debate abierto a interpretaciones posibles.

“Van a insistir en temas, capítulos y artículos que el Senado (cámara revisora) rechazó o no se expidió… No resiste una revisión de constitucionalidad del Juez de Faltas de Chilecito”, ironizó el exsenador Jorge Yoma.

El caso Barrick: ¿diferencias o similitudes?

Para contrarrestar este argumento, otros constitucionalistas apelan al conocido como “caso Barrick”. La empresa canadiense Barrick Gold junto a la provincia de San Juan hicieron una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para que declare la nulidad e inconstitucionalidad de la Ley de Glaciares, alegando que en su sanción la cámara revisora suprimió un artículo del proyecto introducido por el Senado.

Pero también sumó los perjuicios sobre los derechos constitucionales de la empresa y el derecho de la provincia sobre la explotación de sus recursos naturales.

La Corte Suprema rechazó el pedido y ratificó la constitucionalidad de la ley.

Para los juristas que defienden la exclusión de Ganancias y Bienes Personales del próximo debate en Diputados, “la invocación del caso Barrick (2019) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no es aplicable”, por un lado, porque “lo que se debatió es distinto (consistió en la potestad de la Cámara de origen de eliminar uno de los artículos de un proyecto que había sido aprobado con adiciones y correcciones por la Cámara revisora)”.

Además, sostienen que “el tribunal invocó la existencia de una norma y una práctica parlamentaria sobre el tema que en el presente caso no existe (es realmente elocuente que nunca se haya hecho antes)”.

“El proyecto de reforma fiscal es una ley Ómnibus que incluye en un solo cuerpo normativo distintas materias, abordando temáticas que no están relacionadas entre sí. Esta clase de normas configura una excepción al principio de especificidad legislativa. Por dicho motivo, por ejemplo, el rechazo por 41 votos negativos contra 31 votos positivos del Título V (arts. 75 a 91) referido al Impuesto a las Ganancias -que es una ‘ley dentro de la ley’- por parte de la Cámara de Senadores hace todavía más ostensible la inconstitucionalidad de pretender restablecerlo por la Cámara de Diputados”, explicaron.

Para los juristas, “hay sólidos argumentos constitucionales para afirmar que la Cámara de Diputados no puede insistir sobre los artículos desechados por la Cámara de Senadores”.

La puerta de la judicialización

“Cuando la Cámara de origen aprueba en general y rechaza en particular, a la Cámara revisora solo va lo aprobado. Si lo rechazado no viaja, lo rechazado no puede volver. De lo contrario, quebrás el equilibrio entre las Cámaras y desconoces un principio elemental como lo es la indispensable existencia de voluntad afirmativa”, escribió Gil Domínguez en su cuenta de la red social X.

Benente, docente de Derecho de la UBA, coincidió en que “la Cámara de Diputados no puede insistir sobre los capítulos de Ganancias y Bienes Personales rechazados por la Cámara de Senadores”.

Al igual que sucedió con el caso Barrick, en caso de reglamentarse Ganancias y Bienes Personales, los afectados podrían judicializar ambas iniciativas.

“Lo puede judicializar un senador que votó en contra; una persona un contribuyente que empieza a pagar Ganancias; los sindicatos que representan los intereses de sus afiliados alcanzados por ese tributo -como camioneros, aceiteros, bancarios, petroleros, del software y otros-; un gobernador porque en el caso de Bienes Personales le están imponiendo una norma que afecta sus recursos; o incluso un diputado que haya votado en contra, pero tendría menos fuerza”, puntualizó Gil Domínguez.