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Sáb. Nov 23rd, 2024
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Imagen @FiscaliaCol

En un operativo sorpresa, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) lograron desarticular una sofisticada red de contrabando en Medellín. Cuatro personas, entre ellas un ciudadano chino y un venezolano, fueron arrestadas, desmantelando así una operación delictiva que había acumulado mercancía ilegal valorada en más de 11.000 millones de pesos.

Las autoridades detuvieron a Yunguan Lin, ciudadano chino que fungía como representante legal de una empresa fachada dedicada a la venta de textiles. Junto a él, fueron capturados el venezolano José Francisco Rumbos Paternina y las colombianas Yury Alejandra Loaiza Calle y Elizabeth Zapata Echeverry. Estos individuos habrían creado empresas ficticias y alquilado bodegas en el área metropolitana del Valle de Aburrá para almacenar prendas de vestir y otras confecciones provenientes de Asia, ingresadas ilegalmente al país.

El operativo, resultado de investigaciones exhaustivas, incluyó cinco procedimientos distintos que culminaron con la incautación de mercancía valorada en 11.302 millones de pesos. Las pruebas recopiladas apuntan a que los detenidos participaban activamente en actividades de contrabando, contribuyendo al comercio ilícito en diversos sectores de Medellín. Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales imputó a los involucrados los delitos de concierto para delinquir y favorecimiento al contrabando.

El juez de control de garantías ordenó que Yunguan Lin permanezca bajo arresto domiciliario, mientras que los otros tres detenidos continuarán vinculados a la investigación en curso.

 

Imagen @FiscaliaCol

La desarticulación de esta red no solo detiene la entrada de mercancías ilegales al país, sino que también protege la economía local y a los empresarios que operan dentro del marco legal, evitando así la competencia desleal. Los operativos contra el contrabando son fundamentales para proteger la economía nacional al impedir la evasión de impuestos y aranceles, asegurar la competencia justa entre empresas y garantizar la calidad y seguridad de los productos.

Además, estos esfuerzos combaten la delincuencia organizada, preservan la estabilidad social y política, protegen empleos formales y fortalecen el control aduanero y de fronteras, fomentando una cultura de legalidad y cumplimiento. En definitiva, estos operativos son vitales para mantener un país seguro, económicamente estable y justo.

carloscastaneda@prensamercosur.org


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