Luis Guillermo Echeverri Vélez, quien fungió como miembro independiente de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. desde abril de 2019 hasta octubre de 2022, ocupando además la presidencia de dicha junta y liderando el Comité de Tecnología e Innovación, ha emergido en medio de un turbulento escándalo que sacude los cimientos de la empresa estatal colombiana de petróleo.
Las revelaciones de Echeverri cobran especial relevancia tras los señalamientos realizados por el presidente Gustavo Petro, quien ha denunciado irregularidades encontradas en Ecopetrol, lo que ha desencadenado una serie de investigaciones y polémicas.
Uno de los puntos centrales de interés recae en Edwin Palma, el actual viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, quien se encuentra bajo escrutinio en una investigación en curso liderada por la Fiscalía. Según las afirmaciones de Echeverri, Palma estaría implicado en presuntas relaciones irregulares que, según él, habrían influido en decisiones adoptadas por el Ministerio del Trabajo, generando perjuicio a Ecopetrol. Esta acusación por parte de Echeverri resulta sorprendente, especialmente si consideramos que el gobierno anterior fue objeto de críticas por su postura antisindicalista. Tanto Ángel Custodio Cabrera como Alicia Arango, quienes ocuparon el cargo de ministros durante ese período, fueron objeto de numerosas críticas. Esto plantea interrogantes acerca de la veracidad de las acusaciones, sobre todo teniendo en cuenta que la fiscalía previa no mantuvo una relación cercana con los sindicatos. Ahora, según Echeverri, el ente investigador estaría supuestamente influenciado, lo que genera escepticismo, especialmente considerando la figura del fiscal Barbosa.
En un contexto más amplio, las acusaciones del presidente Petro sobre un presunto desfalco encubierto en Ecopetrol, que habría implicado la desviación de millones de dólares para financiar diversos intereses, han generado un debate candente sobre la integridad y la transparencia en la gestión de la empresa estatal.
En respuesta a estas alegaciones, Echeverri ha defendido en términos enérgicos la gestión de Ecopetrol, argumentando que se han tomado medidas rigurosas para enfrentar cualquier irregularidad y que la empresa cuenta con tecnología avanzada y sistemas de vigilancia para prevenir actos de corrupción a gran escala. Sin embargo, los recientes desarrollos, como el caso del “Bunkering Imperio”, un elaborado esquema de robo de petróleo que ha captado la atención nacional e internacional, plantean serias interrogantes sobre la efectividad de estos mecanismos de control.
La implicación de destacados empresarios en este escándalo, algunos de los cuales tienen vínculos estrechos con la política y el gobierno anterior, ha suscitado aún más dudas sobre la responsabilidad y el conocimiento de los directivos de Ecopetrol y la Junta Directiva frente a estas actividades ilícitas que socavan la estabilidad y la reputación de la empresa.
La coincidencia de la participación de la familia Echeverri en dos episodios de corrupción de gran envergadura, como el caso Reficar y el actual caso Bunkering Imperio, plantea interrogantes sobre la supervisión y el control dentro de la empresa estatal.
El llamado es ahora a una investigación exhaustiva que no solo identifique a los responsables directos de estos desfalcos, sino que también revele los posibles vínculos y complicidades que podrían haber existido en los más altos niveles de la empresa y del gobierno. Es crucial que se arroje luz sobre estos oscuros episodios de corrupción que han afectado durante décadas la integridad y la credibilidad de una de las empresas más importantes del país.
Imagen La Silla Vacía
carloscastañeda@prensamercosur.org
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