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En un evento sin precedentes en Bogotá, una mujer ha sido liberada de las confines de la prisión gracias a la aplicación de la Ley de Utilidad Pública. Jennifer, una madre que cumplía su condena en la cárcel El Buen Pastor, ha sido la primera beneficiaria en la capital colombiana de esta innovadora medida legal que busca restaurar no solo la libertad de las personas, sino también su sentido de comunidad y justicia social.
Desde la promulgación de la Ley 2292 en 2023, la cual marcó un cambio significativo al contemplar la posibilidad de una sanción penal restaurativa con un enfoque de género, 43 decisiones judiciales han otorgado este beneficio en Colombia. Sin embargo, es la primera vez que una mujer en Bogotá ha sido agraciada con esta oportunidad que podría marcar un precedente para futuras decisiones judiciales en el país.
El proceso que llevó a la liberación de Jennifer fue meticuloso y riguroso. Tras demostrar su elegibilidad para el sustituto legal, su pena se ejecutará ahora a través de trabajo comunitario, una medida que no solo le devuelve la libertad, sino que también le ofrece la posibilidad de redimirse ante la sociedad mientras continúa siendo una figura vital en su hogar.
“Quiero salir a trabajar, a ser una mejor persona y seguir adelante con mi familia. Me siento muy anonadada y feliz. Quiero dar un mensaje a los jueces que por favor nos colaboren y nos den una segunda oportunidad a nosotras las mujeres que somos cabeza de hogar. Vamos a salir a trabajar y a estar con quienes más necesitamos y lucharemos por tener un mañana mejor”, expresó Jennifer con emoción y gratitud por esta nueva oportunidad que se le ha brindado.
La jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá que firmó la liberación de Jennifer destacó la importancia de esta medida, la cual tiene como objetivo principal crear una alternativa a la pena de prisión para mujeres que, siendo cabeza de familia, hayan cometido delitos en contextos de marginalidad. Es un paso hacia adelante en la reforma del sistema de justicia penal, que busca no solo castigar, sino también rehabilitar y reintegrar a los infractores a la sociedad.
Bajo esta ley pionera, las mujeres que califiquen para el beneficio podrán cumplir su condena en libertad a través de la prestación de servicios de utilidad pública, también conocidos como servicios comunitarios. Estos servicios no solo ayudan a restaurar el tejido social, sino que también ofrecen a las mujeres la oportunidad de redimirse y contribuir de manera positiva a sus comunidades.
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Jennifer, ahora en libertad, se reintegrará al seno de su familia en Bogotá y cumplirá sus servicios de utilidad pública en la Fundación Acción Interna. Su compromiso se extenderá por un tiempo equivalente a 336 semanas y 3 días, durante los cuales podrá demostrar su capacidad para cambiar y reconstruir su vida.
La Ley de Utilidad Pública establece criterios claros para acceder al beneficio, incluyendo ser mujer cabeza de familia, haber sido condenada por delitos relacionados con hurto o estupefacientes, o que la condena no exceda los ocho años de prisión, y haber cometido el delito en condiciones de marginalidad. Estos requisitos garantizan que la ley se aplique de manera justa y equitativa.
Desde su implementación, se han firmado 12 convenios con entidades públicas, sin ánimo de lucro y organizaciones no gubernamentales, para habilitar plazas destinadas a la prestación del servicio en todo el país. El Ministerio de Justicia y del Derecho ha habilitado 50 plazas adicionales para mujeres beneficiarias, lo que eleva el total a 2.432 plazas en todo el territorio nacional.
Esta ley, que busca humanizar el sistema de justicia penal y ofrecer nuevas posibilidades de reinserción, es un paso importante hacia la construcción de una sociedad más inclusiva y justa para todos sus miembros. Para obtener más información sobre esta ley y su impacto en la sociedad, se puede visitar el sitio web del Ministerio de Justicia y del Derecho en www.minjusticia.gov.co.
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