Ministro de Justicia y del Derecho Néstor Osuna y el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Eduardo Umaña Hernández
El impulso hacia una justicia más accesible y humana continúa su curso en Colombia con el lanzamiento de la segunda fase del ‘Plan de Acceso a la Justicia con enfoque en Derechos Humanos’. Esta iniciativa, que fusiona la colaboración entre entidades gubernamentales como la Defensoría del Pueblo y el Inpec, junto con instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, se ha erigido como un faro de esperanza en la búsqueda de una transformación significativa del sistema penitenciario y carcelario del país.
El camino hacia esta segunda fase no ha sido sino la culminación de esfuerzos sostenidos y comprometidos. La primera fase del plan, lanzada con determinación, priorizó 59 establecimientos de reclusión a nivel nacional. Los resultados fueron notables: 46 de estos centros lograron poner en orden sus archivos, mientras que más de 3.000 personas privadas de la libertad recibieron capacitación jurídica y cerca de 1.900 fueron asesoradas en brigadas jurídicas. Estos logros, no solo representan un avance tangible en el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables de la sociedad, sino que también son un paso firme hacia la superación del Estado de Cosas Inconstitucional que afecta al sistema carcelario colombiano.
El Ministerio de Justicia y del Derecho ha sido un actor clave en esta travesía, diseñando e implementando estrategias que apuntan directamente a los problemas estructurales que aquejan al sistema penitenciario. Entre estas estrategias, destaca el Plan de Intervención Inmediata para el Sistema Penitenciario y Carcelario, el cual busca abordar los obstáculos que obstaculizan el pleno respeto y garantía de los derechos fundamentales de la población carcelaria.
Es dentro de este marco que surge el ‘Plan de Acceso a la Justicia con enfoque en Derechos Humanos’, que el próximo 30 de abril dará inicio a su segunda fase de implementación. Esta nueva etapa de la estrategia tiene como objetivo principal articular brigadas jurídicas integrales y capacitaciones en herramientas jurídicas y derechos humanos para personas privadas de la libertad y funcionarios, con otras actividades que promuevan un acceso más efectivo a la administración de justicia, el derecho a la defensa, el debido proceso y demás derechos inherentes a quienes se encuentran privados de su libertad en centros de reclusión de orden nacional.
En la capital de la República el evento contará con la participación del viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho, Camilo Eduardo Umaña Hernández; voceros de la Defensoría del Pueblo y del Inpec, profesores y estudiantes de las universidades aliadas, organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes de la sociedad civil.
Viceministro Camilo Eduardo Umaña Hernández
La selección de los 47 establecimientos prioritarios para esta fase refleja un enfoque estratégico y una dedicación meticulosa hacia la mejora continua. El evento de lanzamiento, programado para el 30 de abril, será un punto de encuentro para diversos actores involucrados en este proceso de cambio. Desde el Aula Máxima de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano hasta el auditorio Bloque 19-501 de la Universidad EAFIT de Medellín, el evento congregará a representantes del gobierno, la academia, organizaciones defensoras de derechos humanos y la sociedad civil en general.
Este encuentro será más que una ceremonia protocolar; será una oportunidad para reflexionar sobre los logros alcanzados en la primera fase, así como para compartir experiencias y visiones que alimenten la hoja de ruta hacia un sistema carcelario más justo y humano. Los desafíos son muchos, pero el compromiso y la colaboración demostrados hasta ahora son un testimonio elocuente de que el cambio es posible.
carloscastaneda@prensamercosur.org
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