En un hito que marcó un cambio trascendental en la dinámica laboral de Colombia, después de un año y 21 sesiones de diálogo, Rappi Colombia y el sindicato Unidapp (Unión de Trabajadores de las Plataformas) sellaron un acuerdo sin precedentes, respaldado por el Ministerio de Trabajo. Este pacto no solo representa un logro significativo en el ámbito del diálogo social, sino que también tiene un impacto tangible en la vida de aproximadamente 70 mil rappitenderos, al tiempo que redefine el paradigma de la negociación colectiva.
Lo que alguna vez parecía una meta inalcanzable se hizo realidad gracias a la voluntad política de Rappi y a la valentía de los repartidores sindicalizados, quienes demostraron una determinación y un pragmatismo admirables sin perder de vista su objetivo fundamental: ser reconocidos como interlocutores legítimos y reclamar sus derechos constitucionales.
El camino hacia este acuerdo estuvo plagado de desafíos. Desde el primer momento en que Unidapp presentó su pliego de peticiones, la empresa respondió categóricamente negando la condición de trabajadores subordinados a los repartidores y, por ende, rechazando la obligación de negociar. Sin embargo, gracias a la intervención del Viceministerio de Relaciones Laborales, se priorizó el diálogo social sobre la confrontación jurídica, sentando así las bases para un proceso de negociación constructivo.
El intercambio de información fue fundamental en este proceso. Rappi detalló el funcionamiento de su plataforma, exponiendo sus debilidades y vulnerabilidades al fraude, mientras que Unidapp logró sensibilizar a la empresa sobre las condiciones laborales de los repartidores. Este entendimiento mutuo permitió que ambas partes se pusieran en los zapatos del otro, allanando el camino hacia acuerdos iniciales que se plasmaron en actas concretas sobre temas como las inhabilitaciones de cuentas y el establecimiento de tarifas justas y transparentes.
A lo largo de la negociación, hubo momentos críticos que pusieron a prueba el compromiso de ambas partes, pero la intervención del Estado a través de la autoridad laboral fue fundamental para superar los obstáculos y mantener el proceso en curso. Además, factores externos, como la primera sentencia de la Corte Constitucional reconociendo el derecho de los rappitenderos a un debido proceso, jugaron a favor del acuerdo.
Uno de los puntos más complejos de la negociación fue la determinación de la tarifa, que involucró extensas discusiones y análisis por parte de expertos. Aunque el resultado puede ser percibido como insuficiente por algunos, acordar una tarifa compuesta por diversas variables representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos laborales de los repartidores.
El compromiso de Unidapp de colaborar en la lucha contra el fraude, así como la revisión periódica de la tarifa y del acuerdo en su conjunto, demuestran el compromiso de ambas partes con la sostenibilidad del negocio y el progreso continuo en materia de derechos laborales.
Sin embargo, este acuerdo va más allá de sus implicaciones inmediatas. Ha servido como un faro de esperanza para trabajadores de otras plataformas y países, demostrando que la organización sindical puede ser una herramienta poderosa para avanzar en la dignidad laboral. Además, plantea interrogantes sobre el futuro de la legislación laboral en Colombia y el papel de estos trabajadores en el sistema de seguridad social.
En última instancia, este acuerdo histórico entre Rappi y Unidapp representa un paso significativo hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa, donde los derechos laborales sean respetados y protegidos en todas sus formas. Es un testimonio del poder del diálogo y la colaboración en la búsqueda de soluciones a los desafíos del mundo laboral contemporáneo.
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