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En el foro “Arbitraje en materia tributaria, aduanera y cambiaria: visión académica, jurisprudencial y práctica para su implementación”, realizado en la Cámara de Comercio de Bogotá, el Ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna, detalló las iniciativas gubernamentales destinadas a descongestionar el poder judicial. En particular, explicó el proyecto de ley presentado ante el Congreso a finales de 2023, el cual busca habilitar la justicia arbitral en asuntos vinculados con impuestos y aduanas.
Osuna destacó que esta propuesta, una modificación a la Ley General de Arbitraje de 2012, permitirá que los actos administrativos emitidos por la DIAN en materia tributaria, aduanera o cambiaria puedan resolverse mediante justicia arbitral, en lugar de recurrir a la vía judicial ordinaria. El proyecto contempla aspectos como el nombramiento de árbitros, la financiación de los gastos del tribunal arbitral y los procedimientos para la revisión de los laudos arbitrales.
Este enfoque responde a la necesidad del Gobierno de agilizar la resolución de los numerosos conflictos tributarios que representan una parte significativa del gasto público y del recaudo fiscal. Osuna enfatizó que la confianza en los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como el arbitraje, radica en su eficiencia y rapidez en comparación con el sistema judicial convencional.
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Una de las ventajas que se espera de esta normativa, de ser aprobada, es su contribución a la descongestión del poder judicial, al tiempo que permite a las partes involucradas asumir un papel más activo y directo en la resolución de sus disputas. Además, la pronta resolución de los litigios tributarios conlleva beneficios económicos significativos al evitar la acumulación de intereses moratorios y facilitar el flujo del recaudo tributario.
Es importante resaltar que el acceso a la justicia arbitral no sería obligatorio, sino que dependería de un acuerdo voluntario entre las partes involucradas, es decir, la Administración Tributaria y el contribuyente. En caso de falta de consenso, el litigio seguiría su curso ante la Rama Judicial del Estado.
La propuesta del Ministro Osuna representa un esfuerzo por modernizar y agilizar el sistema de justicia en materia tributaria, buscando un equilibrio entre la eficiencia procesal y la garantía de los derechos de los ciudadanos y la administración pública.
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