En el año 2021, la Secretaría de Salud de Bogotá adjudicó un contrato millonario de más de 14.000 millones de pesos para la construcción del Centro de Atención Primaria en Salud Bravo Pez, ubicado en la Localidad Rafael Uribe Uribe al sur de la ciudad. Sin embargo, transcurridos más de 3 años desde entonces, el edificio aún permanece como una obra inconclusa.
Durante una entrevista con la emisora local colombiana «Sigue La W», el edil del Pacto Histórico, Andrés Yate, reveló que el proyecto fue otorgado a la empresa Miroal Industrial, a pesar de que esta contratista ha sido objeto de múltiples cuestionamientos por trabajos realizados en otras regiones del país. Yate también denunció que debido a las demoras, el contrato ha acumulado casi el doble de su presupuesto inicial, lo que implicaría un costo adicional de aproximadamente 28.000 millones de pesos si la nueva administración municipal decide completar la obra.
Además, la edilesa Guiomar Rodríguez señaló que antes de este proyecto, la comunidad ya disponía de un centro de salud plenamente funcional. Sin embargo, en la gestión de Alejandro Gómez, se optó por demoler esta estructura para construir un nuevo y supuestamente más moderno centro de salud. Rodríguez considera esta decisión incoherente, dado que el centro anterior ofrecía todos los servicios necesarios de manera eficiente.
El exsecretario de Salud, Alejandro Gómez, quien ha sido objeto de numerosas críticas por parte de los órganos de control en Colombia, intentó desviar la responsabilidad hacia la Subred Centro Oriente, alegando que fue esta entidad la que gestionó inadecuadamente el contrato. Sin embargo, esta afirmación ha sido refutada como totalmente falsa. La selección de gerentes para las subredes de salud en Bogotá se realiza mediante un riguroso proceso basado en el mérito y la idoneidad profesional. La actual gerente de la Subred Centro Oriente, la doctora Claudia Ardila, es reconocida como una de las funcionarias más capaces y competentes en el ámbito de la salud.
La Fiscalía de Colombia, tiene en la mira con sedas investigaciones al ex secretario de salud Alejandro Gómez
La independencia y autonomía de la doctora Ardila contrastan con las prácticas políticas cuestionables que han caracterizado la elección de secretarios de Salud en Bogotá, como el caso de Alejandro Gómez, quien llegó al cargo por recomendaciones partidistas. Durante su gestión, Ardila enfrentó presiones y sanciones injustas por parte del exsecretario Gómez. Sin embargo, logró superar todas las investigaciones con éxito, demostrando su integridad y profesionalismo.
A pesar de tantas Sanciones a la gerente de la Subred Centro Oriente, Claudia Ardila, siempre salió airosa ante los entes de control
Es imperativo que la nueva administración, liderada por el alcalde Carlos Galán y su experimentado secretario de Salud, Gerson Bermont, reconozca el valor de los funcionarios técnicos sin influencias políticas y realice las correcciones necesarias para enmendar el rumbo desastroso dejado por la gestión anterior.
Durante su desastroso paso por la Secretario de Salud Alejandro Gómez, los Interrogatorio permanentes por Presuntos Sobrecostos en Contrato de Telefonía, ambulancias y desfalco que sufrió Bogotá.
El Exsecretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez López, ha sido permanentemente convocado a comparecer ante la Fiscalía tras una denuncia presentada por la concejal María Victoria Vargas del Partido Liberal. La acusación gira en torno a posibles sobrecostos detectados en un contrato millonario para la adquisición de teléfonos de oficina, valuados en 3,5 millones de pesos cada uno.
El contrato, formalizado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y Comfinagros S.A., destinaba la compra de estos dispositivos para las subredes de la ciudad como parte de la estrategia de Transformación Digital en Salud. Sin embargo, surgieron dudas respecto a la congruencia de los precios, incluso después de haberse considerado cotizaciones de tres empresas diferentes.
Esta situación se suma a otras irregularidades señaladas por diversos miembros del Concejo de Bogotá, como el caso de las ambulancias que no cumplían con las normativas técnicas pertinentes. La concejal Diana Diago, del partido Centro Democrático, insistió siempre en la necesidad de que los responsables de tales irregularidades asuman su responsabilidad, destacando la importancia de proteger los recursos públicos de la ciudad.
Las denuncias han desencadenado investigaciones por parte de la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía, la Contraloría y la Personería de Bogotá. Se espera que estos procesos arrojen luz sobre las presuntas irregularidades en la contratación pública y contribuyan a garantizar una gestión transparente y eficiente de los recursos ciudadanos.
