Nueve acciones de tutela que aterrizaron en el alto tribunal y que daban cuenta de la afectación a los derechos de defensores de derechos humanos, fueron necesarias para que se convocara una audiencia pública con la que se pretende poner la lupa en detalle a este tema que, a juicio de los demandantes, se le ha salido del control a los gobiernos de turno.

Defender los derechos humanos en Colombia le salió caro a 52 líderes sociales que fueron asesinados en el primer trimestre del año. La cifra es de la Defensoría del Pueblo, en cabeza de Carlos Camargo, que dice entender cuál es la labor de los activistas que le hacen frente a la guerra y a la violencia, no solo para salvar su vida, sino la de toda una comunidad.
Precisamente, ese flagelo que ha azotado al país durante tanto tiempo, hoy, será analizado de fondo por la Corte Constitucional, que, tras seleccionar nueve acciones de tutela, decidió convocar una audiencia pública con la que pretenden analizar, identificar los riesgos y poner su foco sobre ese tema para mitigarlos de alguna forma.
La solicitud de los demandantes es básica: claman la protección de los derechos de quienes defienden su territorio, su ancestralidad y su vida. Para ellos, el balance sobre afectaciones a líderes es “nefasto” aún, cuando existe una implementación del Acuerdo de Paz, que de alguna forma les dio una hoja de ruta para que se garantizara el goce de los derechos fundamentales sin estar sometido a riesgo alguno.
El alto tribunal en lo que lleva de diligencia escuchó los argumentos de algunos defensores de derechos, también tuvo una visión internacional por parte de las Naciones Unidas, que reveló cifras preocupantes, y también tuvo la intervención de delegados del Gobierno. EE
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REDACCIóN COLOMBIA
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