La declaración del comandante del Ejército contra Gustavo Petro escala a otro nivel la arremetida del gobierno Duque contra el candidato puntero. Presidente, fiscal, procuradora y ahora un general ponen en riesgo la institucionalidad del país.
Imagen: Semana
El incidente empezó por un trino del candidato del Pacto Histórico en el que señaló: “Mientras los soldados son asesinados por el Clan del Golfo, algunos generales están en la nómina del clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales”. El trino de Petro hacía alusión a una investigación judicial de la Fiscalía que ha mostrado que presuntamente varios militares activos y retirados harían parte de la nómina del Clan del Golfo. Entre los mencionados está el general (r) Leonardo Barrero, quien fue comandante general de las Fuerzas Militares, es decir, el máximo cargo que puede ocupar en Colombia un oficial activo.
Ante el trino, el comandante del Ejército respondió en la misma red social y enfurecido. Fue un hilo de seis mensajes en los que le dijo a Petro, entre otras cosas “A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura”. Por un lado, el episodio que sigue alimentando cuestionamientos públicos fue ya resuelto judicialmente a favor de Petro. Pero ese no es el punto, el comandante del Ejército no es el llamado a participar en este tipo de controversias.
El asunto es de tal gravedad que el candidato Sergio Fajardo cuya relación con Gustavo Petro es pésima, manifestó su preocupación por la ruptura de la neutralidad militar: “Petro ha sido uno de mis más fuertes contradictores y he sido blanco de sus ataques, pero las palabras del Gr. Zapateiro son inaceptables. No solo se normalizó la participación en política de funcionarios del Gobierno, sino que se politizaron las FFAA. ¡Ese no es el camino!”
El mensaje del general Zapateiro marcó el mayor punto de quiebre institucional que se ha vivido durante la pugnaz campaña. Aún en los países democráticos en los que está permitida la participación activa del presidente de la república en política, las Fuerzas Militares están obligadas a mantener su neutralidad, incluso si son criticadas por los candidatos.
Cortesía: Ilustración: Jorge Restrepo
La preocupación por la intervención en política de los militares activos tiene historia en Colombia. En 1958, el entonces presidente Alberto Lleras Camargo pronunció un célebre discurso ante la oficialidad del Ejército reunida en el Teatro Patria. Allí el mandatario explicó la razón constitucional para marginar a los uniformados del debate político en un país que trataba de salir del período conocido como “La Violencia”:
“La política es el arte de la controversia, por excelencia. La milicia, el de la disciplina. Cuando las Fuerzas Armadas entran a la política, lo primero que se quebranta es su unidad, porque se abre la controversia en sus filas. El mantenerlas apartadas de la deliberación pública no es un capricho de la Constitución, sino una necesidad de su función. Si entran a deliberar, entran armadas. No hay mucho peligro en las controversias civiles, cuando la gente está desarmada. Pero si alguien tiene a sus órdenes para resolver la disputa, cuando ya carezca de argumentos o pierda la paciencia, una ametralladora, un fusil, una compañía, o unas Fuerzas Armadas, irá a todos los extremos, se volverá más violento, será irrazonable, no buscará el entendimiento sino el aplastamiento, y todo acabará en una batalla. Por eso, las Fuerzas Armadas no deben deliberar, no deben ser deliberantes en política”.
El ministro de Defensa tampoco ha ayudado a atemperar los ánimos. A raíz de la polémica operación militar que terminó con la muerte de 11 personas en Putumayo, el ministro Diego Molano arremetió contra Petro llamándolo embustero por atreverse a cuestionar la versión oficial de los hechos.
El ministro de Defensa debería haber dado un compás de espera a la investigación judicial sobre los hechos, pero tan grave como eso es la descalificación pública de un candidato presidencial etiquetándolo como un mentiroso y sugiriendo que es enemigo de las instituciones.
La encendida respuesta de Molano no es un hecho aislado. El presidente Iván Duque ha impulsado desde la Casa de Nariño una campaña contra el candidato Gustavo Petro que no se ha quedado en simples declaraciones. El primer paso fue la suspensión de la ley de garantías, apoyada de manera entusiasta por la bancada de gobierno en el Congreso porque abrió las compuertas del presupuesto público para financiar a los aliados de Duque. Esos recursos también se están usando ahora para la campaña presidencial.
Hace unas semanas, además, el presidente Duque presentó un proyecto de ley creando nuevas normas para el empalme con el próximo gobierno que amplían los poderes de la administración saliente y limitan el acceso a la información del Estado del presidente electo. Hasta los más ingenuos se dieron cuenta de que esta no es una ley para controlar a Fico.
En la asamblea de Ecopetrol, y usando a una funcionaria de la entidad que se presentó como pequeña accionista, el gobierno cambió los reglamentos de la principal empresa del país para imponerle a quien vaya a ser su sucesor la actual junta directiva hasta el año 2025. El mayor beneficiario del cambio del articulito es Luigi Echeverri, el segundo hombre más influyente sobre Iván Duque.
La parcialidad del gobierno también se ha notado en las declaraciones y discursos presidenciales. El mandatario ha hecho en al menos 30 ocasiones afirmaciones en contra de Gustavo Petro o de sus propuestas. Esta semana el Instituto Anticorrupción presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una petición de protección a la moral administrativa, señalando puntualmente las afirmaciones del presidente Iván Duque contra el candidato de la oposición.
El 28 de febrero Duque dijo: “Hay candidatos que tienen una cercanía de años con el régimen de Chávez y de Maduro, y han sido justificatorios de lo que pasa con ese régimen y han tratado de mantenerse al margen de lo que está pasando en Ucrania”.
Luego criticó una propuesta de Petro para condonar las deudas de antiguos estudiantes con el Icetex: “Mucho cuidado con los que proponen ahora acabar el Icetex, y que dicen que entonces ahí se cancelan todas las deudas, 9 billones de pesos, entonces qué pasa con los que ya están en el programa”.
Con relación a la propuesta de Petro sobre los fondos de pensiones, el presidente Duque dijo el 5 de abril: “Cualquier situación que busque expropiar los recursos del ahorro de las personas en los fondos de pensión tiene que ser rechazada de manera clara y contundente porque echarle mano a los recursos del ahorro de las personas para nacionalizarlos y convertirlos en dinero de bolsillo del Gobierno es un robo, un atraco”.
En una alusión a Gustavo Petro unos días antes, el 17 de marzo, Duque había dicho: “Se debe derrotar el autoritarismo de las tres P”, y añadió: “Pero esos autócratas “tres P” que utilizan el populismo, son los que se atreven a decirle a la gente que le van a quitar el ahorro de toda una vida en un fondo de pensiones para volverlo plata de rapiña para poder cabalgar en aspiraciones y repartijas”. Y unos días después, el mandatario volvió a la carga con la misma figura: “Hay que tener mucho cuidado con la otra P… con la P de populismo. Le dicen a la ciudadanía: pan para hoy, pan para todos, cuando lo que están incubando es hambre para mañana. Le venden a la sociedad soluciones facilistas, los mismos discursos fallidos de otros lugares”.
Las constantes alusiones del presidente Duque a Gustavo Petro y sus propuestas de campaña no han pasado desapercibidas en la Comisión de Garantías Electorales. Esta semana en la sesión de la comisión, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, llamó la atención por lo que considera la permanente intervención del mandatario en la campaña. El ministro del Interior, Daniel Palacios, subalterno de Duque y presidente de la Comisión, replicó que su jefe simplemente estaba haciendo uso de su libertad de expresión.
Todo esto sucedió ante la procuradora Margarita Cabello, quien sostuvo que no tiene la competencia constitucional para llamar la atención del presidente, pues no es disciplinable por el Ministerio Público. La afirmación es debatible porque no le estaban pidiendo que lo disciplinara sino que simplemente llamara su atención reafirmado que la Constitución le prohíbe intervenir en las campañas electorales. La procuradora, tan prudente frente a Duque, no había tenido problema en insinuar que Petro estaba borracho cuando propuso acabar con la Procuraduría General de la Nación.
Al grupo de todos contra Petro se ha sumado también el fiscal general Francisco Barbosa, quien no encuentra incompatible su labor con la de columnista de opinión. El pasado domingo, en medio de la controversia por la entrada de Juan Fernando Petro al pabellón de los parapolíticos de La Picota, escribió en El Tiempo una columna titulada “Nada de perdón social”, en la que le atribuye a la propuesta de Petro la intención de otorgar perdón jurídico a los corruptos, lo acusa de romper la separación de poderes y asegura que la Fiscalía se opone y se opondrá en el futuro a su propuesta.
Todo candidato puede y debe ser confrontado en la arena política por sus contendores y por la opinión pública. Petro aún tiene respuestas pendientes frente a los escándalos que han surgido en los últimos días y que no son de poca monta. En la visita de su hermano Juan Fernando a La Picota la versión ha mutado y sus cambios no han contribuido a la claridad pública. Nada tiene que hacer el hermano de un candidato presidencial en una cárcel con políticos presos a un mes de las elecciones. El tema Piedad Córdoba puede empeorar y no basta con marginarla ahora de la campaña cuando las alertas estaban encendidas desde mucho antes de que la incluyera en sus listas y la llevara al Senado. Sin embargo, no son los altos funcionarios del Estado los llamados a protagonizar la controversia política en medio de unas elecciones.
Los tres extraditables con los que habría hablado Piedad Córdoba
Tantas y tan repetidas posturas de los mayores dignatarios del país contra el puntero de la carrera están creando la sensación de que Gustavo Petro es un candidato ilegítimo. Petro se amnistió en 1989 y nunca ha incumplido los acuerdos de paz. Ha sido elegido legítimamente como representante a la Cámara, senador, alcalde de Bogotá y tiene el derecho constitucional de aspirar a la Presidencia de la República. Los colombianos que lo apoyan también merecen respeto y protección de las instituciones.
Desde luego que existe el derecho a discrepar de sus ideas y acciones, ahora y en una eventual elección suya como presidente, pero usar las herramientas del Estado en contra de su candidatura es jugar con fuego y poner en duda la capacidad institucional de lograr una transición pacífica en caso de que gane las elecciones. Nada desestabilizaría más a Colombia que un acto de violencia o el irrespeto a las decisiones mayoritarias, aunque eventualmente esas decisiones no coincidieran con el parecer de lo que se llama el establecimiento.
Cortesía: Revista Cambio
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