El Ministerio de Salud Pública del país asegura que hay una subdeclaración en los balances que hacen las instituciones respecto al uso del potente opioide.
Con diferencia de pocos meses, tres hospitales de Uruguay iniciaron investigaciones sobre el posible consumo de fentanilo y otros potentes opioides durante el horario de trabajo. Si bien la situación no genera una alarma pública (porque no representa un significativo aumento de los casos), la cercanía en el tiempo encendió luces amarillas en la comunidad médica uruguaya, según informó El Observador.
Una de las situaciones ocurrió en Navidad, en Montevideo. Mientras estaba de guardia, una anestesista entró en un paro respiratorio y uno de sus compañeros comenzó a reanimarla. Con una ampolla de naloxona –un antídoto que se usa ante sobredosis con opioides–, los intensivistas lograron paralizar la crisis.
Días atrás, a la misma anestesista se la había visto somnolienta, como tratando de calmar un achaque de fentanilo o de otra droga de las familias de los opioides. La mujer no quiso recibir asistencia y su caso está siendo investigado. El prestador de salud prevé enviar las conclusiones de la investigación al Ministerio de Salud Pública (MSP).
Otro caso consignado por el medio uruguayo ocurrió cuando una anestesista se ausentó del quirófano en el que trabajaba. La paciente que estaba siendo operada se agravó y hubo que reanimarla y, como la profesional no estaba, se inició una investigación administrativa. Una de las hipótesis es que la médica de la institución había ido a drogarse con fentanilo, una sustancia habitual en los sanatorios que suele ser recetada para dolores intensos, como en los postoperatorios.
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Una de las especialistas había sido encontrada meses atrás con ampollas de opioides en el baño. En otro, una anestesista fue suspendida tras recibir una denuncia del personal por tener “manejos no claros” de sustancias, aunque recientemente justificó que no se trataba de una adicción.
El control en el sistema de salud uruguayo tiene “agujeros negros”, según declaró a El Observador el profesor de la Cátedra de Anestesiología de la Universidad de la República (Udelar) Juan Riva. Ante esas debilidades, aseguró, los anestesistas son “población riesgo” ya que son una profesión con “acceso directo” a una droga que está restringida a la sedación y que solo se suministra por indicación médica. “Además, carga con el estrés que genera que la vida de un paciente dependa de su monitoreo”, explicó.
Riva explicó que un anestesista o intensivista que tiene un dolor crónico o que quiere evadir la realidad, “sabe perfectamente cómo puede hacerse de fentanilo”. Hace algunos años, pasaba algo similar con la ketamina.
La cátedra se trazó como meta para este año la elaboración de un protocolo unificado para que exista una trazabilidad de estos fármacos. Lo que sucede hasta ahora es que son “muy pocas” las instituciones que cuentan con un sistema eficiente de control que evite la fuga.
De realizarse, este protocolo unificado establecería que la preparación y administración de un inyectable no puede hacerlo una única persona de forma de controlar que las dosis sean dadas “en la cantidad adecuada, en el momento adecuado, al paciente adecuado”.
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El MSP admitió que hay una “subdeclaración de balances” de parte de los centros de salud, tanto públicos como privados, respecto al uso y consumo del fentanilo, según la respuesta a una solicitud de acceso a la información que hizo el medio uruguayo.
“Las recetas producto de dispensación que retornan al MSP no se procesan por falta de recursos”, dice la explicación oficial.
Las importaciones de fentanilo –para uso médico– en los últimos cinco años registraron vaivenes: en 2018 fueron 329 gramos; en 2019, 213; en 2020, 273; en 2021, 582; en 2022, 322.
Algunos actores del sistema de salud impulsan que los médicos sean testeados periódicamente para saber si consumió drogas. Ante un examen de sangre o de orina que encuentre estupefacientes, proponen que se trabaje en la rehabilitación del profesional y no en la sanción.
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