Brasil registró 932 conflictos derivados de la minería en 2022

En 2022, Brasil registró 932 conflictos relacionados con la minería, cifra superior a los 840 del año anterior. Los enfrentamientos fueron identificados en 792 localidades, un 22,9% más que en 2021 (644), e involucraron a 688.573 personas, en su mayoría indígenas y trabajadores.

Estos son algunos de los datos contenidos en un informe elaborado por el Comité Nacional de Defensa de los Territorios frente a la Minería, divulgado el martes (12). Con la iniciativa, el comité busca explicar los impactos ambientales y las violaciones de derechos que resultan de las actividades mineras en el país.

Al menos 155.983 indígenas sufrieron las consecuencias de conflictos generados por la minería aquel año, estando presentes en 141 incidentes, de los cuales más de la mitad (55%) fueron con mineros. Las empresas mineras internacionales también fueron responsables en gran medida del desencadenamiento de los conflictos, estando implicadas en el 25,7% de los casos.

Según la comisión, los quilombolas estuvieron en el centro de 35 conflictos, con al menos 49.268 personas afectadas. Los quilombolas son habitantes de regiones remanentes de los quilombos, comunidades formadas por esclavizados fugitivos en el Brasil colonial. Otras víctimas de luchas de poder de esta naturaleza fueron los ribereños (15.879 personas), los pescadores (6.498), los extractivistas (4.241) y los ocupantes ilegales (3.091).

Los grupos más afectados por la minería fueron los indígenas (15,1%), los trabajadores (12,1%) y la población urbana (9,7%). Le sigue la categoría de pequeños propietarios rurales (8,3%).

El informe señala que los estados con mayor concentración de registros fueron Pará (20,2%), Amazonas (19,9%), Minas Gerais (12,9%), Mato Grosso (12,5%) y Roraima (7,4%). Otros datos muestran que los conflictos por la tierra y el agua totalizaron 590 y 284 ocurrencias, respectivamente, en el último año analizado.

Violencia extrema

La encuesta también destaca los casos de violencia extrema asociados a la minería. En total, hubo 45 muertes, 19 casos de trabajo análogo al de esclavo, siete de amenazas, cinco de amenazas de muerte y dos de trabajo infantil.

A pesar de que las fuerzas en disputa eran a menudo muy desiguales, hubo reacciones ante las violaciones cometidas. El informe menciona 132 de ellas, que adoptaron la forma de manifestaciones, cartas públicas, bloqueos de carreteras, ocupaciones y acciones judiciales, entre otras.