Corrupción carcelaria está en niveles intolerables

El esquema corrupto detectado en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, que le costó el cargo y la libertad al director del penal y otros funcionarios, es una nueva evidencia de cómo están las instituciones carcelarias en nuestro país. “Lastimosamente, hay tanto dinero que permea, las autoridades se corrompen y terminan respondiendo más a las bandas criminales que a la institución, este es un trabajo de alto riesgo”, expresó un tanto desconcertado el titular del Ministerio de Justicia, Ángel Barchini, sobre el caso.

No podemos olvidar que en los últimos años, la realidad penitenciaria de nuestro país estuvo minada de fugas, filtraciones de privilegios que están prohibidos, amotinamientos hasta denun­cias de trato inhumano a reos. ¿Cómo ingresan armas, droga, cigarros, bebidas alcohólicas?, evidente complicidad de los funcio­narios de las diferentes penitenciarías. Las requi­sas no son otra cosa más que un asalto a mano armada, se incautan objetos, drogas y demás insumos con fines muy oscuros, nadie explica qué destino tiene todo esto.

Hay que remarcar que este poder logístico para el ingreso ilegal es exclusividad de los peces gordos de la delincuencia de diferentes rubros. Los pre­sos “comunes” deben sortear la suerte conforme las pautas que bajan los jefes malhechores que tie­nen la posibilidad (paradójicamente) de financiar sus libertades dentro de las cárceles. Todo en con­nivencia de quienes deben evitar estas acciones. Faltos de honestidad, tristemente las confiscacio­nes que ejecutan las autoridades penitenciarias se vuelven un show de nunca acabar. No hay pla­nes ni estrategias que garanticen seguridad en las cárceles para evitar el ingreso de objetos peligro­sos e insumos de consumo restringido que arries­gan a la población privada de su libertad.

Los ministros de Justicia de turno deben impro­visar movidas, destituciones, argumentos gasta­dos como sumarios administrativos, pero la vio­lencia, la corrupción siguen imperando. El sistema penitenciario es una bomba de tiempo con el modus operandi de quienes tienen la res­ponsabilidad de cuidar a la población recluida. No bastan las renuncias ni destituciones porque los funcionarios migran, pero los vicios de corrup­ción continúan arraigados.

Las autoridades nacionales están obligadas a ocuparse de programas y proyectos de control que apunten a sanear las administraciones en los penales. Urge un plan maestro que otorgue un diagnóstico de los problemas y brinde soluciones de manera integral. La inauguración de grandes infraestructuras, dicho por entendidos, no servirá de mucho sin una visión y misión abocada a erradicar la corrup­ción. Es importante que el presidente Peña, el ministro Barchini, en concordancia con el Poder Judicial, el Ministerio Público y otros, se aboquen a la urgente habilitación de las nuevas cárceles y busquen la manera de garantizar la honestidad de los funcionarios, aumentando los controles y también otorgando mayores beneficios a los encargados de custodiar a peligrosos delincuentes.