El Ejército israelí anunció ayer que está ultimando una nueva “fase de la guerra” contra Hamás con el despliegue masivo de sus fuerzas en la frontera con la Franja de Gaza, con vistas a un “ataque de gran fuerza” que alcanzará a zonas del enclave que están siendo escenario de la salida masiva de gazacíes.
“Estamos preparando nuestras fuerzas, estudiando los planes, y listos en todos los escenarios de combate: sur, norte y centro”, hiso saber el principal portavoz del Ejército israelí, el vicealmirante Daniel Hagari, ante una posible entrada en firme por tierra del Ejército israelí en la Franja de Gaza, la primera a gran escala desde la operación Plomo Fundido de 2008.
“Nos hemos centrado en Gaza. pero ya estamos ampliamente desplegados, lo que nos permitirá operar simultáneamente en todas estas zonas”, añadió.
Hagari, insistió a la población del norte de Gaza que abandone inmediatamente la zona porque «quien decida no evacuar se está poniendo en peligro a sí mismo y está poniendo en peligro a su familia», antes de ratificar que el Ejército israelí atacará con gran fuerza las zonas evacuadas.
Cabe recordar que, el Ejército israelí anunció ayer a la población del norte y del centro-norte de Gaza la apertura de dos corredores de salida hacia el sur del enclave que permanecerán en vigor de 10.00 a 16.00 (entre las 09.00 y las 17.00, hora peninsular en España).
El jefe de división de medios árabes de las Fuerzas de Defensa de Israel, el coronel Avichay Adraee, publicó en su cuenta de X, antes Twitter, que los residentes podrán recorrer la céntrica carretera de Saladino y el trayecto que enlaza las avenidas costeras de Daldul y Al Sana «sin ningún peligro» hacia Jan Yunis, la principal población del sur del enclave.
Este protocolo tiene lugar, luego de que Israel anunció un ultimátum de 24 horas para que los residentes de las poblaciones de la parte septentrional y central del enclave abandonaran sus hogares ante las perspectivas de una incursión por tierra contra Hamás.
La iniciativa fue rechazada por Naciones Unidas y varias ONGs internacionales, que la consideran como un desplazamiento forzado que abocará a 1,1 millones de residentes de estas poblaciones a una catástrofe humanitaria y una violación del Derecho Internacional humanitario.
(Europa Press)